Hermosillo, Sonora, a 1 de octubre de 2013.- Los organismos operadores de agua potable y alcantarillado no deberán suspender estos servicios a los adultos mayores en condición vulnerable que demuestren mediante un estudio socioeconómico que no cuentan con los recursos para pagar su consumo, de acuerdo con una iniciativa de los diputados Abel Murrieta Gutiérrez y Rossana Coboj García.
Ambos legisladores priistas de Cajeme se manifestaron por la defensa del derecho al acceso al agua potable para consumo humano mediante la reforma de los artículos 165 y 168 de la Ley de Agua para el Estado.
Mencionaron que en Sonora hay algunos municipios que ya contemplan tarifas sociales que benefician a la población vulnerable como son personas discapacitadas, adultos mayores, madres jefas de familia y personas de escasos recursos, pero no existe disposición que obligue a todos los ayuntamientos a establecer dichas cuotas.
“El derecho al agua potable destinada al consumo humano es un derecho fundamental, en tanto la limitación, negación o suspensión de ese bien lesiona gravemente la salud y el medio ambiente, así como las posibilidades de tener una vida digna”, indicó Abel Murrieta Gutiérrez.
Por su parte la diputada Rossana Coboj García manifestó que con esta reforma se busca preservar el derecho al agua con abastecimiento continuo y suficiente, salubre y con costos accesibles para la población.
Del análisis realizado por los diputados integrantes de la fracción Priista se llegó a la conclusión que la falta de pago por parte de usuarios de bajos ingreso económicos no es causa de suspensión total de los servicios domésticos de agua potable, drenaje y alcantarillado.
La Ley del Estado de Sonora obliga a la autoridad a realizar previo a la suspensión del servicio de agua potable un estudio socioeconómico con el objeto de no afectar un derecho humano fundamental a los usuarios de escasos recursos.
La iniciativa de Murrieta Gutiérrez y Coboj García contempla una adición a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios para que se sancione directamente con destitución o inhabilitación a quienes suspendan el servicio de agua potable a personas vulnerables que soliciten un estudio de trabajo social.
Coboj García y Murrieta Gutiérrez subrayaron que cualquier persona que no cuente con recursos económicos para pagar el servicio del agua puede pedir que se le aplique un estudio socioeconómico para demostrarlo, mientras tanto no se le deberá suspender el abasto en su domicilio o quien lo realice será acreedor a una sanción.