Hermosillo, Son. 15 de octubre de 2013.- La garantía de certeza jurídica de identidad a los nuevos sonorenses, mediante el otorgamiento de actas de nacimiento gratuitas, y de acceso físico, económico y social a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, establece la ley que adiciona un Artículo 1° BIS a la Constitución Política del Estado de Sonora, aprobada este día por el Pleno del Congreso.
En el mismo sentido se aprobó el Decreto que modifica la denominación de la Comisión de Transporte y una minuta con proyecto de Decreto que reforma la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de Sonora, a fin de ampliar de manera expresa las facultades del legislador federal para que pueda expedir una legislación única en materia de procedimientos penales, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, que pueda aplicarse en todos los estados de la República.
Los tres dictámenes fueron presentados al Pleno por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y aprobados por unanimidad de la asamblea.
Correspondió al diputado Carlos Ernesto Navarro López dar lectura al dictamen con proyecto de ley que adiciona un Artículo 1° BIS a la Constitución Política del Estado de Sonora, con base a iniciativas presentadas por él y por el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, quien propuso consagrar el derecho a la identidad de los niños y las niñas sonorenses, para que se les expida, gratuitamente, su acta dentro de los doce meses siguientes al día de su nacimiento.
Sostuvo que de esta manera se otorgaría certeza jurídica de identidad a los nuevos sonorenses, ya que la emisión de dicho documento no estaría supeditada al pago de una cantidad monetaria y, por lo mismo, se desligaría totalmente de los alcances económicos de su familia.
Diversas reglamentaciones internacionales dieron origen a varias legislaciones sobre el tema, como las leyes para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tanto en el ámbito federal como local, por lo que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales consideró positiva la procedencia de la iniciativa presentada por el diputado Moreno Terán.
Igualmente importante destacó la comisión en el dictamen, la propuesta del diputado Navarro López a favor del derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, de conformidad con la pertinencia cultural, así como a su adecuado aprovechamiento biológico para mantener una vida saludable y activa.
Al ser el derecho a la alimentación adecuada, reconocida como derecho humano por las Naciones Unidas, de conformidad con su Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por tratarse de una garantía constitucional consagrada en la Carta Magna, el Pleno consideró la procedencia de la iniciativa en comento.
“Quienes integramos estas comisión nos encontramos convencidos de que la aprobación de la modificación constitucional en cuestión se convertirá en un gran avance para mantener a nuestro Estado como de avanzada respecto al tema de la alimentación adecuada, con la finalidad de evitar tanto los problemas físicos por la inadecuada alimentación, como la accesibilidad y disponibilidad de la alimentación adecuada”, destaca el dictamen.
La Ley que adiciona el Artículo 1° BIS a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será enviada a los 72 ayuntamientos para su aprobación y, una vez aprobada por la mitad más uno de éstos, será enviada a publicación para su entrada en vigor.
El Decreto que reforma la fracción XXIV del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, con el propósito de modificar la denominación de la Comisión de Transporte, leído por el diputado José Carlos Serrato Castell, autor de la iniciativa, tiene por objeto la modificación de la denominación a Comisión de Transporte y Movilidad.
Expuso que el cambio obedece a la necesidad de incluir el concepto de movilidad por ser más amplio y porque engloba más aspectos que el propio concepto de transporte, debido a que en la actualidad, el frenético crecimiento de las ciudades y la tendencia acelerada de la humanidad a desplazarse hacia las grandes urbes, ha generado que surjan nuevas materias de estudio que buscan entender mejor todo lo que sucede al interior de ellas.
Y al diputado José Abraham Mendivil López correspondió darle lectura a la minuta con proyecto de Decreto que remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la cual se reforma la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amplía las facultades del legislador para expedir una legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
“Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”, agrega la reforma.
Iniciativas a comisiones
La presidenta de la mesa directiva, diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, turnó a comisiones iniciativas presentadas por los diputados Luis Alfredo Carrazco Agramón, José Lorenzo Villegas Vázquez y José Luis Marcos León Perea.
El diputado Carrazco Agramón propuso reformar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, para que se apliquen sanciones a todo servidor público por negligencia, dolo u omisión si no utiliza en tiempo y forma los recursos públicos. Se envió a las comisiones de Gobernación, y Primera y Segunda de Hacienda.
A la de Justicia y Derechos Humanos fue turnada la iniciativa del diputado Villegas Vázquez, la que busca reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora, con el propósito de adicionar al Libro Segundo, Título Decimoquinto, un capítulo tercero denominado: usurpación de personalidad o identidad, para agregar a la legislación ese nuevo tipo penal.
A la misma comisión se turnó la iniciativa del diputado José Luis Marcos León Perea, que deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal, con el objeto de aumentar la sanción de cinco a 15 años de prisión, a quien afecte el proceso de enseñanza-aprendizaje con el robo en planteles educativos.