Tomado de Internet La Jornada
Washington. El mexicano Édgar Tamayo Arias fue ejecutado este miércoles en Texas. Se le declaró muerto a las 21:32 horas, 17 minutos después de aplicada la inyección letal.
«Una parte de mi corazón se siente tranquila», dijo la mamá del morelense tras salir de la cámara de la muerte de Huntsville.
Tamayo fue acusado de asesinar al oficial de policía Guy P. Gaddis, quien lo había arrestado por sospecha de robo en 1994; crimen del que Édgar Tamayo siempre se dijo inocente.
Febriles negociaciones diplomáticas, defensas basadas en leyes internacionales, además de manifestaciones en Morelos y el Distrito Federal, buscaron evitar la ejecución. Un recurso de sus abogados interpuesto ante la Suprema Corte de último momento logró que se postergara por tres horas la aplicación de la sentencia. Hasta el final se esperó un indulto del gobernador de Texas, pero nunca llegó.
De acuerdo a las investigaciones, Gaddis, que sólo llevaba dos años en la policía, trasladaba a Tamayo y a otro hombre desde el lugar de un robo cuando, según las pruebas, recibió tres impactos de bala en la cabeza y el cuello de una pistola que Tamayo tenía oculta en los pantalones. El carro patrullero se estrelló y Tamayo huyó a pie pero fue capturado a pocas cuadras de distancia, todavía con las esposas puestas, con el reloj de la víctima y su cadena el cuello.
El gobierno mexicano dijo que el mexicano no se le informó de su derecho a asistencia consular, consagrado en un tratado conocido como Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
«Él está resignado”
Sin lágrimas y resignado «Nos dice a su mamá y a mí, pues que seamos fuertes, porque solamente Dios dice la última palabra. Él está resignado con lo que pase», contó Héctor Tamayo, padre de Edgar Tamayo Arias, el martes en una entrevista radiofónica con una cadena de radio mexicana desde Huntsville, Tamayo Arias debía tener la mañana de este miércoles una reunión, que podría ser la última, con sus padres y dos hijas.
En Cuernavaca, una ciudad del centro de México, unas 200 personas marcharon el martes para protestar contra su ejecución.
En Ciudad de México, frente a la embajada de Estados Unidos, otro centenar de integrantes de una organización defensora de los derechos de los inmigrantes llamó a anular la pena capital.
A su vez, organizaciones pro derechos humanos y de apoyo a inmigrantes se manifestaron en la región de Cuernavaca en «espera de una reflexión» por parte del gobernador de Texas, Rick Perry.
Últimas apelaciones
Uno de los abogados del mexicano de 46 años, dijo pocas horas antes de la ejecución realizada en la cámara de la muerte de Huntsville, Texas: «Seguimos intentando todas las opciones de apelación para hacer valer el derecho del señor Tamayo al examen de la violación de sus derechos consulares».
Luego de un recurso ante una Corte de Apelaciones de Texas, los abogados de Tamayo presentaron las últimas apelaciones ante la Suprema Corte: una que se apoya en la violación de sus derechos consulares y otra que se propone reabrir la discusión sobre su eventual retraso mental.
Una lluvia de llamados e intervenciones diplomáticas y judiciales intentaban de último minuto evitar la muerte del mexicano, condenado por el asesinato de un policía en 1994 en Houston, pero privado de sus derechos consulares, violando la Convención de Viena.
La Convención de 1963, ratificada por 175 países incluido Estados Unidos, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares, tras ser informado de sus derechos.
Rechazo federal
El martes por la noche, un juez federal de Texas rechazó una demanda para postergar la ejecución del reo y volver a revisar su caso, como decidió la Corte Internacional de Justicia en 2004, al determinar que se le había proporcionado un «procedimiento justo».
«Estamos decepcionados por este fallo», afirmaron los abogados de Tamayo Arias al anunciar su intención de «continuar luchando por el derecho de Edgar a que se revise su caso».
Denuncias internacionales
Varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denuncian «la violación vergonzosa del derecho internacional» tanto en este caso como en los de unos cincuenta mexicanos que se encuentran en el corredor de la muerte en Estados Unidos.
La ejecución de otro mexicano, Ramiro Hernández de 44 años, fue fijada el martes para el 9 de abril en Texas.
«Continuaremos intentando que se respete este fallo (de La Haya) antes de cada ejecución, pero, a final de cuentas, estas decisiones están en las manos de los Estados», afirmó recientemente Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para América Latina.
Tamayo dijo que su familia ha recibido cartas de apoyo de al menos 67 países.
Presiones políticas y diplomáticas
El martes, el gobierno federal estadunidense ejerció su presión sobre el Estado de Texas, mientras que el gobierno mexicano volvía a manifestar su rechazo a que Tamayo Arias sea ejecutado.
«Simplemente pedimos se postergue la ejecución hasta que podamos ver si el hecho de que no gozó de sus derechos consulares conforme a la Convención de Viena fue perjudicial», resumió la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf.
A fines de 2013, el secretario de Estado John Kerry ya había solicitado una prórroga para Tamayo Arias ante el gobernador de Texas, Rick Perry, al insistir sobre «la obligación de Estados Unidos ante el derecho internacional» y las inevitables repercusiones que podría tener para los estadunidenses detenidos en el extranjero. El tema fue nuevamente tratado el viernes entre Kerry y su homólogo mexicano en Washington, mientras que funcionarios de los Departamentos de Estado y Justicia hacían lo propio en Texas.
Por su parte, el gobierno mexicano reafirmó «su rechazo a la ejecución (…) en clara violación a las obligaciones internacionales de Estados Unidos».
Latinoamericanos en espera
Unos 96 latinoamericanos aguardan actualmente en el corredor de la muerte en cárceles estadunidenses, más de la mitad de ellos, 58 personas, de nacionalidad mexicana.
La lista incluye nueve cubanos, 10 salvadoreños, cinco colombianos y 5 hondureños, así como detenidos de Perú, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Argentina, así como un español.
Desde la reinstalación de la pena capital en Estados Unidos, en 1977, 17 ciudadanos latinoamericanos fueron ejecutados, en su mayoría mexicanos, de acuerdo con la ONG Death Penalty Information Center (DPIC).
Ocho eran ciudadanos mexicanos y cuatro cubanos, siendo que uno de ellos, Pedro Medina, fue el único de la lista en morir en la silla eléctrica, en el condado de Orange, en Florida, en 1997.
El más joven de ellos, el mexicano Benjamín Mario Murphy, tenía apenas 25 años de edad cuando fue ejecutado con una inyección letal en septiembre de 1997, acusado del asesinato de un militar.
En tanto, el cubano Manuel Valle fue ejecutado en Florida a los 61 años de edad.
De acuerdo con Death Penalty Information Center (DPIC), los nombres de los mexicanos ejecutados en Estados Unidos desde la restitución de la pena capital son los siguientes:
25/03/93 Ramón Montoya por inyección, Texas
18/06/97 Irineo Tristán Montoya por inyección, Texas
17/09/97 Mario Murphy por inyección, Virginia
09/11/00 Miguel Flores por inyección, Texas
14/08/02 Javier Suárez Medina por inyección, Texas
27/06/06 Ángel Resendiz por inyección, Texas
05/08/08 José Ernesto Medellín por inyección, Texas
07/07/11 Humberto Leal por inyección, Texas
Texas ha sido el estado que más personas ha ejecutado en el país: 508 prisioneros desde 1976.