Carlos Armando Briones
Dentro del proceso de revisión Héctor Robles líder de la CTM en Hermosillo hizo entrega a las autoridades de la junta especial más del setenta por ciento de emplazamientos a huelga la cual tienen contemplado realizar el 17 de febrero de no llegar a ningún acuerdo.
Al respecto recriminó a funcionarios del gobierno estatal a quienes dijo «solo se han limitado a realizar pronunciamientos sin resolver el asunto de la reubicación el secretario de Gobierno Roberto Romero le atiza más al fuego al afirmar que el asunto tiene un fondo político partidista.
“El secretario del trabajo se pronunció ante los medios asegurando que ya están viendo la reubicación de la junta especial en el auditorio cívico sin embargo formalmente no se ha hecho nada, ni tenemos ningún contacto o comunicación con ellos al respecto” dijo el secretario general cetemista en Hermosillo Héctor Robles.
Y abundo.
“Lamentamos las declaraciones de Roberto Romero quien declaró a los medios que este movimiento es político partidista; yo le respondo que si la justicia laboral que para él tiene que ver con el PRI, obviamente hay una intención de desviación mental del problema real que existe o ¿no saben gobernar? Porque mejor no lo resuelven respecto a como operan las juntas de conciliación en el estado y su impartición de justicia.” agregó Héctor Robles
Como dato dio a conocer que más 30 mil expedientes se encuentran atorados, de los cuales cerca de 20 mil solamente en Hermosillo, y los restantes en Obregón localidades que curiosamente son las únicas están operando en el estado.
“30 mil están en rezago que no se pueden ver porque el personal no es suficiente solo están pateando el bote y generando nuevas audiencias y por lo tanto la justicia ni es pronta ni expedita” indicó.
Dijo que tal situación también está afectando a los empresarios quienes se están distrayendo de los problemas de producción por atender asuntos que la junta no resuelve.
Aunado al tema laboral Héctor Robles dio a conocer que a este movimiento de emplazamiento a huelga se suman trabajadores del Cecytes, Cebatis y Conalep quienes exigen al gobierno estatal la devolución del dinero que por ley les corresponde que el el estado les debe.