Hermosillo, Sonora, a 24 de abril de 2014.- Elevar las penas de prisión de 30 hasta 60 años a quienes cometan el delito de extorsión propone Samuel Moreno Terán a través de una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Sonora.
Explicó el legislador que el objeto fundamental es prevenir la comisión de este delito, sancionando adecuadamente para mantener el equilibrio y la tranquilidad social y evitar que las extorsiones alcancen índices tan elevados como ocurre en otros estados.
“Estamos a tiempo de blindar nuestro Estado de estas prácticas tan lamentables. Debemos hacer frente común para que este tipo de hechos delictuosos no se presenten con mayor frecuencia en nuestra sociedad”, indicó.
El coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI expresó que la medida permite darle la confianza y certidumbre jurídica a los sonorenses para combatir el delito de extorsión proponiendo penalizarlo con una sanción ejemplar con penas mínima de 30 años y máxima de 60 años.
Moreno Terán subrayó que se tiene el antecedente que el delito de extorsión ha lastimado de manera significativa la actividad comercial en diversas zonas del País, como son Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Michoacán, Sinaloa, Durango y Guerrero.
“Sonora aun no aparece en la lista y no debemos permitir que aparezca. Estamos a tiempo de blindar nuestro Estado de estas prácticas tan lamentables”, sentenció Moreno Terán.
Dio a conocer que la extorsión uno de los delitos que menos se denuncia por temor a represalias de los grupos criminales.
Los supuestos contemplados en esta propuesta son cuando intervengan dos o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos y cuando se emplee violencia física, así comoo cuando la extorsión ocurra contra un menor de edad, de una mujer embarazada, de una persona mayor de 60 años o de alguien que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho.
Moreno Terán puntualizó que la iniciativa contempla también elevar los años de prisión para quien sea o haya sido o se ostente sin serlo, integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución de delitos, administración de justicia o reinserción social.
Así como contra quienes porten vestimenta o instrumentos de identificación de los utilizados por instituciones de Seguridad Pública, también cuando el extorsionador tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o familiares.