Ciudad Obregón, Son. 22 de agosto de 2011.- Para que pueda llevarse a cabo la mediación como parte del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Sonora, será necesaria la inversión en centros de justicia alternativa en cada distrito judicial, de no ser así colapsaría el sistema, advirtió el diputado Damián Zepeda Vidales, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
“Porque hoy en día, hasta donde yo tengo entendido, está en funciones sólo el (centro) de Hermosillo y está por entrar uno en el Sur, tendríamos que tener un centro de justicia alternativa en cada distrito judicial para que puedan llevar esa mediación tan importante que comentábamos ahorita”, expresó durante un foro realizado en esta ciudad sobre el nuevo código de procedimientos penales.
Ante estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad La Salle Noroeste explicó que la inversión también deberá ser para la creación de laboratorios periciales, ya que con el nuevo sistema se fortalecerá la importancia de las evidencias, como la Constitución establece: contar con un servicio profesional de carrera y que los defensores de Oficio ganen lo mismo que los agentes del Ministerio Público, lo cual hoy en día no existe y de ahí la importancia de que se haga ese ajuste presupuestal.
Durante el foro expuso ante los estudiantes que la reforma al sistema de justicia penal generará tres tipos de jueces: el primero que será de control, ya que regulará o vigilará la actuación del Ministerio Público en la etapa de investigación, además ante éste se presentarán las pruebas que pudieran ser aceptadas en el procedimiento.
“Un segundo Juez, completamente diferente, para que cuando no se logró la mediación o cuando el caso, por diferentes motivos transfiera el expediente, ante él se van a desahogar las pruebas. Primero se va a desarrollar el juicio en igualdad de circunstancias, estando ahí la persona que está siendo acusada y quien lo acusa”, aseveró.
El tercero será una nueva figura de Juez de ejecución de sanciones, de manera tal que dejará de ser materia administrativa, esto significa que el Poder Ejecutivo ya no tendría la facultad de decidir el beneficio de la libertad anticipada a un reo cuando cumple un porcentaje de su sentencia, y pasará dicha función al Poder Judicial.
“Que es en donde verdaderamente debe de estar, porque si es un Juez quien valoró, llevó una sentencia y determinó una pena, debería de ser también un Juez con la misma calidad, con el mismo nivel el que decida si va a dar libertad o no.
“Esto es parte de la reforma penal, ahora bien no se trata solamente de cambiar leyes, de decir aquí está el nuevo código de procedimientos penales, se tiene que contemplar de manera integral. Se tienen que contemplar diferentes ejes, como lo son el eje de los cambios legales, que este código que hoy en día estamos analizando”, exteriorizó el diputado Zepeda Vidales.
El Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dijo que para llevar a cabo la mediación se cuenta con las leyes de Mecanismos de Solución de Controversias y de Atención a Víctimas del Delito, además habrá reformas a la Ley de la Defensoría de Oficio, del propio sistema penal, del sistema penitenciario, entre otras más que tendrán que darse.
“Pero no sólo con cambiar la ley mañana y ya. Tenemos que hacer inversión presupuestal de infraestructura, tenemos que construir espacios adecuados en el Poder Judicial, para tener esas audiencias orales donde puedan entrar los ciudadanos”, afirmó el legislador.
A este foro asistió con la representación del Poder Judicial del Estado, el magistrado Miguel Quintana Tinoco, quien destacó la importancia de que con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, la investigación estará controlada por el Juez y no por el Ministerio Público, como se hace actualmente.
“Es importante que esta nueva propuesta se apoye con presupuesto y se implemente una campaña sobre la cultura de la mediación”, expresó.
En el foro estuvo presente el rector de la Universidad La Salle Noroeste, José Ramón Cubillas Romero, quien manifestó estar convencido de la responsabilidad y el compromiso que tienen los actores involucrados para colaborar con los diferentes sectores en la búsqueda de mejores condiciones de vida, de justicia y de derecho a la paz.