¿Y el contralor ciudadano, apá?
23/Agosto/2011 La parálisis legislativa generada a raíz de la solicitud de remoción del consejero electoral Fermín Chávez Peñúñuri, ha provocado que otros temas no menos importantes salgan de la agenda pública, aún cuando ya existen proyectos de ley esperando por el dictamen y la aprobación de los diputados.
Uno de esos temas, y que sin duda causará nuevos e intensos debates una vez que se supere la crisis política que hoy mantiene trabados los quehaceres legislativos, es el del procedimiento para nombrar al Contralor General del Estado, bajo criterios que apuestan por hacer llegar a ese cargo, a una persona sin militancia partidista, que garantice un ejercicio ciudadano de fiscalización de los recursos públicos, y sanciones en los casos que lo ameriten.
La iniciativa en cuestión fue presentada por los diputados de la alianza PRI-PANAL-PVEM; contiene un proyecto de ley que adiciona diversas disposiciones a la Constitución del estado y parte de la premisa siguiente:
“La sociedad es cada día más demandante en su exigencia de la adecuada y eficiente aplicación y ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes gubernamentales, igualmente demanda que las acciones de gobierno sean verdaderamente benéficas para la ciudadanía y que no se evidencie la intención de que sean beneficiados únicamente grupos simpatizantes de quienes ejercen el poder, es decir, que no influya en sus decisiones de ejecución de acciones o programas y la aplicación de recursos, el favorecer ciudades o regiones que son gobernadas por personas afines o con la ideología política similar al partido o corriente política del gobernante en turno, en el caso específico, del titular del Poder Ejecutivo”.
Como puede observarse, una reforma de esta naturaleza apunta directamente al corazón de una administración estatal que le disputa palmo a palmo a su antecesora, la supremacía en el rubro de sospechas de malos manejos, favoritismos en asignación de obra pública, tráfico de influencias. Muchas de estas lindezas, ciertamente, quedan ahí, en el ámbito de las sospechas, pues resulta sumamente complicado probarlas, ya que en el rubro que complementa este tema, el de la transparencia y rendición de cuentas, Sonora acaba de ser enlistado entre los estados de mayor opacidad.
Actualmente, el cargo de Contralor General del estado lo ostenta Carlos Tapia Astiazarán, un veterano simpatizante del PAN, aunque su militancia no es tan añeja, pero le alcanzó para ocupar dos veces una curul en el Congreso local, la primera de ellas (1997-2000) al lado de quien actualmente firma como gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías. Y al lado de otros que hoy ocupan cargos importantes en la administración estatal, como José Inés Palafox Núñez (Sidur); Julio Alfonso Martínez Romero (Cobach); Mario González Valenzuela (Bienes y Concesiones), y Juan Edmundo López Durand (Servicio Estatal de Empleo).
El nombramiento de Tapia Astiazarán en su cargo recayó en el propio gobernador del estado, porque así lo faculta la ley tal y como se encuentra hasta ahora; de hecho, el reclamo de un contralor ciudadano había sido uno de los principales reclamos del Partido Acción Nacional, hasta antes de que éste se alzara con el triunfo en la gubernatura, hace dos años.
Hoy, el tema parece no encontrarse entre sus prioridades, aunque sí en las del Partido Revolucionario Institucional, como muchos otros temas en los que el interés se ha invertido a raíz del resultado electoral de 2009.
El hecho es que la iniciativa de reforma busca hacer copartícipe a la sociedad, de acciones tendientes a cuidar de manera efectiva que la fiscalización de recursos y evaluación de su aplicación sea correcta y atinada en beneficio de la comunidad, y no de grupos o regiones en lo particular.
Así, las personas que sean propuestas para ocupar el cargo que actualmente ostenta Carlos Tapia Astiazarán, deberán contar con un perfil profesional en el área de la administración pública, o con profesiones afines; experiencia en el servicio público, prestigio y reconocida honestidad y honorabilidad al momento de su propuesta por las organizaciones civiles o ciudadanos en lo particular; que estén vigentes en el ejercicio de su profesión y que sean ajenos a participación en partidos políticos, porque precisamente lo que se pretende con esta iniciativa, es despolitizar el libre ejercicio del cargo.
Adicionalmente, se prevé la integración de una Comisión Plural conformada por los titulares de diversas instituciones académicas, colegios, instituciones y cámaras de profesionistas de ramas diversas relacionadas con la esencia de las tareas de control, fiscalización y evaluación del desempeño; también incluye la metodología a seguir para la presentación de propuestas por parte de la sociedad civil, de quienes se considere que reúnen el perfil para ocupar la titularidad de la dependencia encargada del control gubernamental, así como la participación y metodología que seguirá la Comisión Plural para el establecimiento de una terna que se presentará al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que éste a su vez la presente al Congreso del Estado, para la designación y nombramiento del pretendido titular.
Quien resulte designado ocuparía el cargo durante un periodo de siete años, con objeto de que dicho cargo no se convierta en un botín político o en una medida de presión cuando se generen los cambios del titular del Poder Ejecutivo; se establece también que será el Congreso del Estado la instancia facultada para removerlo del cargo, en caso de incurrir en violaciones a la Constitución, cuando se acredite incapacidad o falta de pericia, o bien se detecten acciones de corrupción que pudieran lesionar el interés general de la población.
El tema pues, luce sumamente interesante y anticipa un buen debate en comisiones y en el pleno, para los días en que ahí se discuta. Esos días, sin embargo, no se ven cercanos, considerando el quiebre que se ha presentado en las negociaciones entre las alianzas PRI-PANAL-PVEM y PAN-PRD, que hasta ahora mantienen al Congreso sumido en la parálisis y sin visos de reactivarse.
Ahora bien, el periodo ordinario de sesiones comienza el 15 de septiembre próximo, y entonces los diputados tendrán que comenzar a desahogar una agenda que volvió a cargarse, después de que al final del anterior periodo ordinario, trabajaron a destajo para sacar adelante varios asuntos que tenían meses y hasta años en la ‘congeladora’.
El peor escenario es que se reediten las maniobras de una u otra bancada, para prolongar durante el tiempo que literalmente les dé la gana, esta parálisis que por cierto, ya se ha presentado en la legislatura sonorense, a propósito de otros temas igualmente polémicos.
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