Hermosillo, Son. 26 de agosto de 2011.- El Poder Legislativo del Estado de Sonora externó su rechazo y se sumó a la declaratoria expuesta por el Gobierno Federal para condenar los lamentables acontecimientos suscitados ayer jueves en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de los ciudadanos acaecidos, además de guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.
A nombre de sus compañeros diputados y el suyo propio, el presidente de la Diputación Permanente, Marco Antonio Ramírez Wakamatzu, dijo que el Congreso del Estado se une al pronunciamiento de luto nacional ante los actos de cobardía y de terror suscitados en la referida entidad.
“Estos actos tan reprochables, generados por la delincuencia organizada, se suman a los actos cobardes de la ciudad de Morelia, Michoacán, a los secuestros y asesinatos de turistas en Guerrero, al hallazgo, en fosas clandestinas, de decenas de migrantes en Tamaulipas, todo ello producto de lo que parecieran actos de odio contra la población civil, para retar o llamar la atención de un Estado”, expresó.
El Presidente de la Diputación Permanente agregó que este acto de la delincuencia organizada atenta también contra el pueblo de México. Acto seguido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas inocentes de esta tragedia y se procedió a dar lectura al Decreto que convoca a la celebración de la sesión extraordinaria.
Esta sesión extraordinaria fue suspendida al retirarse los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con lo cual no se pudo continuar con el Orden del Día del Decreto aprobado el pasado miércoles por la mesa directiva de la Diputación Permanente, ya que no se encontraban en el salón al menos los 22 diputados que se requieren para que exista quórum reglamentario.
El diputado Enrique Reina Lizárraga propuso, a nombre de dicho grupo parlamentario, solicitó fuera retirado del Orden del Día el punto seis, relativo al dictamen que presentaría la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con punto de acuerdo en relación al escrito de los comisionados de los partidos políticos Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Revolucionario Institucional, ante el Consejo Estatal Electoral, mediante el cual solicitan la remoción de los consejeros Hilda Benítez Carreón, Marco Arturo García Celaya y Fermín Chávez Peñúñuri.
Expuso que de acuerdo a la Constitución Federal y a la del Estado, los diputados del Congreso del Estado, al ser representantes de elección popular, son considerados servidores públicos, y según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incurren en responsabilidad administrativa, además de establecerles las obligaciones que deben observar, como excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de los asuntos en los que tengan interés personal.
El legislador agregó que los diputados Óscar Manuel Madero Valencia y César Augusto Marcor Ramírez debieron excusarse de intervenir en la comisión que atiende la remoción del consejero Fermín Chávez Peñúñuri, debido a que son presidentes de los partidos a los que representan los comisionados ante el CEE que promueven la remoción.
El diputado Roberto Ruibal Astiazarán intervino para solicitar que quedara igual el Orden del Día y que no se tratara de estirar una interpretación de la Ley hasta donde resultara conveniente, sino que sean los tribunales y otras instancias las que sigan los procedimientos que correspondan.
“Sugiero que se voten los temas, que siga esta sesión y no cometan la irresponsabilidad de romper el quórum y el Orden del Día aprobado por la CRICP, los temas que la sociedad espera que este Congreso resuelva, incluyendo éste que no es otra cosa que una etapa en el proceso para que inicie el procedimiento”, afirmó.
Se trata de un dictamen para efecto de que se notifique al consejero y éste a su vez se defienda y después se determine lo conducente, dijo, y si hay alguna ilegalidad en el proceso existen las instancias legales correspondientes para defenderlo.
La propuesta del legislador, a fin de que no fuera retirado el punto seis del Orden del Día, fue secundada por los diputados Héctor Ulises Cristópulos Ríos y Óscar Manuel Madero Valencia. Éste sostuvo, en alusión a su persona, que su participación en la comisión que elaboró el dictamen no tiene ningún problema.
“Si más adelante este Congreso tiene que tomar una decisión, en la reunión de la comisión yo lo dije muy claro, por darles gusto yo me quito, no hay problema, si se trata de cumplir y hacer cumplir la Ley yo me hago a un lado, solicito que se considere el Orden del Día tal como fue propuesto y después si el proceso sigue caminando, ya se analizará la responsabilidad que tiene que asumir el diputado Marcor y el diputado Madero”, aseveró.
Enseguida el diputado Damián Zepeda Vidales indicó que sí existe voluntad de avanzar en los temas de importancia para el Estado de Sonora, como la designación de contralor ciudadano, equidad y responsabilidad, por lo que si se piensa que es un procedimiento al que hay que darle trámite jurídico, entonces también debe darse cumplimiento a lo que dice la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“Por eso hay que atender la Ley, excusarse del conocimiento y aquí la diferencia sería que no tiene que ver con el juicio y resolución final”, exteriorizó.
El diputado Bulmaro Pacheco Moreno dijo que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales cumple con una obligación constitucional y lo que señala el Código Electoral para el Estado de Sonora, de darle entrada a una petición de cuatro representantes de partidos políticos, que en el fondo ni jurídica, ni moral ni políticamente, violan ninguna disposición.
“El Congreso tiene la obligación de atender el derecho de petición que les asiste a los ciudadanos y esta inclusión del punto lleva como fin desahogar el cúmulo de asuntos que tiene esta comisión y que la Ley establece los pasos precisos a seguir, que quiere decir que de ser votado el asunto sólo se admitiría la situación del consejero que quedó pendiente, porque los otros dos sobre los cuales recaía el señalamiento ya salieron”, expresó.
El diputado Marco Antonio Ramírez Wakamatzu, presidente de la mesa directiva, informó que sólo la comisión dictaminadora podía retirar el punto del Orden del Día, por lo que al no aceptar la solicitud del diputado Enrique Reina Lizárraga, la misma quedaría sin cambio.
Acto seguido los diputados del grupo parlamentario del PAN abandonaron el salón de sesiones y la Presidencia determinó suspender la sesión iniciada, debido a la falta quórum reglamentario.