Una Juez autorizó la fuerza pública para detener la obra en la que se empeña el gobernador.- Se han utilizado mil 389 millones de pesos de manera ilegal etiquetados para una presa suspendida.
- El Gobernador Guillermo Padrés vive en la ilegalidad y la promueve en el estado.
- No hay recursos para esa obra ilegal contemplados para 2012, Diputados federales sonorenses del PRI.
México, D.F. Se ejercieron mil 389 millones de pesos de manera ilegal aun cuando existía un transitorio que no lo permitía ni las propias reglas de operación de la Secretaria de Hacienda lo aceptan. Estos recursos fueron aprobados irregularmente aún con el mandato judicial, por el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, hoy precandidato presidencial del PAN, manifestó en conferencia de prensa el Dip. Rogelio Díaz Brown. “No se pueden etiquetar recursos públicas para una obra que está en un proceso judicial” precisó el legislador.
Acompañado de los diputados sonorenses priistas, dijo que durante dos años el gobernador Guillermo Padrés ha violado sistemáticamente el estado de Derecho en Sonora y señaló que se usará la fuerza pública para parar la obra de ese acueducto, ante la insistencia del mandatario estatal de continuarla a pesar de los amparos concedidos en su contra y la orden de suspenderla.
El uso ilegal de estos recursos está avalado por los gobiernos federal, estatal y la dirección de Conagua, que lejos de buscar soluciones al conflicto del agua en el estado insisten en una obra y el desvío de recurso que ya generaron enfrentamientos en la sociedad sonorense, señaló Díaz Brown.
A nombre de los diputados Onésimo Mariscales Delgadillo, José Luis Marcos León Perea, Jesús Alberto Cano Vélez, Miguel Ernesto Pompa Corella, Ernesto De Lucas Hopkins, el Diputado Díaz Brown dijo que no existe presupuesto alguno para la presa Independencia contemplado para 2012, y que si se autorizó inicialmente hace dos año como rubro inamovible ordenado por el presidente de la República, esa situación ya cambio, y no hay recursos etiquetados para esa obra ilegal.
“No vamos a permitir que se violente el estado de derecho en Sonora y más alarmante resulta que esta situación se genere por el propio gobernador del estado”, finalizaron los legisladores.