Ť EXPEDIENTE FOBAPROA

Salpica a Eduardo Bours

Bastaron 23 sesiones para preparar el salvamento

El saqueo ya estaba en marcha cuando Zedillo envió la iniciativa

https://www.jornada.com.mx/1999/08/02/expediente.html

Carlos Fernández-Vega * Mientras el presidente Ernesto Zedillo enviaba (31 de marzo de 1998) una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados con el fin de transformar en deuda pública los créditos bancarios asumidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, las cabezas del Fobaproa no se daban abasto para rescatar, salvar y sanear a las principales instituciones privadas y a sus dueños.

De acuerdo con la documentación hecha pública ayer por el ex dirigente nacional perredista Andrés Manuel López Obrador, relativa a 23 sesiones de trabajo del Subcomité de Recuperación del Fobaproa, un número importante de empresas y empresarios (muchos de ellos ligados al PRI y al financiamiento de sus campañas políticas) fueron liberados de voluminosos endeudamientos por obra y gracia de esa instancia gubernamental. Todo ello, desde luego, con recursos de la nación.

Dicho subcomité, encabezado por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, y el subsecretario de Hacienda, Martín Werner, autorizó prácticamente todo lo que la banca comercial endosaba al Fobaproa: desde aviones chocolate en dación de pago (Grupo Lomelín), pasando por el rescate de empresas vendidas por el Estado pero que nunca fueron pagadas en su totalidad por los nuevos dueños (Grupo Arzac), hasta el desvío de recursos públicos para pagar impuestos federales no cubiertos por empresas privadas (Grupo Mexicano de Desarrollo), por citar sólo unos cuantos casos.

Grupo Infomin

A la cabeza aparece Alfredo Miguel Afif, también accionista de la Casa de Bolsa Interacciones, el Banco Interacciones y la Arrendadora Credimex, propiedad de la familia Hank González. Además, es consejero suplente de la serie B del Grupo Financiero Banamex-Accival y participa en la precampaña política de Francisco Labastida Ochoa, al poner a su servicio su línea aérea, SACSA.

En el acta de la sesión número 20 (9 de diciembre de 1997), el subcomité presentó el caso del Grupo Infomin. El presidente de la sesión, Eduardo Fernández, expresó: »Esta empresa ya había sido beneficiaria de una restructura y no es explicable, por tanto, que no esté cumpliendo con sus compromisos y solicitando una nueva restructura». Manuel Espinosa de los Monteros explicó que desde que se firmó la restructura se sabía que habría nuevos problemas. Fernández señaló que le parecía que no era así, por lo que sería preciso que Alberto Mulás revisara el caso, dado que éste se había visto en la Unidad Coordinadora del Acuerdo Bancario Empresarial (UCABE, en ese entonces presidido por Eduardo Bours, actual asesor financiero de Francisco Labastida Ochoa), por lo que tendría que comentarlo con el ingeniero Bours y José Madariaga Lomelí, y en función de sus respectivas opiniones, volver a analizarlo.

Se destacó »el riesgo de que se malinterprete la aceptación de la propuesta como una restructura acelerada, tomando una pérdida fuera de parámetros en beneficio de esta empresa, en la que su principal accionista, Alfredo Miguel Afif, tuvo a su cargo la recolección de fondos del sector privado en apoyo a las campañas del PRI. Sobre todo, aceptar la presente propuesta significa un segundo beneficio en un muy corto periodo».

Espinosa de los Monteros »indicó que debería esperarse una reacción fuerte del Grupo Infomin, debido a que lleva más de un año negociando y se suponía que estaba aprobada la operación. Al respecto, Fernández pidió que les explicaran que la intención es continuar apoyando al grupo, pero que no se consideraba correcto que pagaran sus adeudos con activos de bajas posibilidades de recuperación, por lo que se les debpia solicitar que el pago consistiera en acciones de Macimex y SACSA, sin que perdieran el control. Señaló también que era preciso demostrar su »buena voluntad» y hacer el esfuerzo señalado »sacando a los bancos con rapidez».

El acuerdo alcanzado fue: »Se defina una deuda sostenible de Grupo Infomin y la diferencia sea cubierta con acciones de empresas generadoras de flujo, como son Macimex y SACSA. En este sentido, se defina un nuevo planteamiento de restructura en el que se involucre la Dirección de Activos Corporativos del Fobaproa; asimismo, se deberá hacer una nueva valuación de las empresas para conocer el valor contable correcto y fijar así el porcentaje de participación accionaria que le corresponda a los bancos acreedores. En este proceso, la Dirección de Activos Corporativos deberá apoyarse en la infraestructura de Banorte».

Grupo Mexicano de Desarrollo, Synkro y familia Ballesteros

Los dos corporativos y los accionistas mayoritarios, los Ballesteros, son de los más favorecidos por las operaciones del Fobaproa, incluyendo el rescate carretero, con cerca de 30 por ciento de los recursos públicos destinados a tal fin. Además, han obtenido beneficios de la política de salvamento en la emisión de un eurobono y como deudores individuales de la banca. En total, el gobierno les salvó 10 mil 700 millones de pesos

Entre los miembros del consejo de administración aparecen Jorge, José Luis y Carlos Ballesteros Franco, Valentín Díez Morodo (presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios), Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza Rangel, Claudio X. González Laporte (asesor presidencial para asuntos empresariales con Carlos Salinas de Gortari), Carlos Hank Rhon, Agustín F. Legorreta Chauvet y Fernando Senderos Mestre (miembro de la Comisión de Financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari). El presidente del consejo, Jorge Ballesteros Franco, también es vocal suplente en el consejo del Grupo Financiero Interacciones (Hank González). La familia tiene intereses y posiciones en el consejo de administración de Serfin.

Por lo que toca a los créditos personales de los Ballesteros Franco, en el acta de la sesión número 14 (26 de septiembre de 1997) se anota: »Cuando se otorgaron dichos empréstitos se consideraban razonables en función de las garantías otorgadas, mismas que consistían en acciones del GMD con un razonable aforo. Cuando las empresas de los Ballesteros se colapsaron, los créditos personales perdieron su garantía; de acuerdo con la información proporcionada por Inverlat y Santander Mexicano, se trata en su mayoría de créditos simples, reconocimientos de adeudos y préstamos quirografarios, los cuales fueron otorgados a los deudores en calidad de personas físicas; acto seguido, Alejandro Creel explicó el cuadro en el que se muestra el total de adeudos generados por la familia Ballesteros en GMD (4 mil 600 millones de pesos), Synkro (3 mil 300 millones) y en lo personal (2 mil 800 millones), para un gran total de 10 mil 700 millones de pesos.

Agrega: »Eduardo Fernández comentó que no tomar una acción drástica en este caso también podría contaminar a otras empresas en proceso de restructura. Asimismo, la Secretaría de Hacienda podría salir muy perjudicada, dado que por una parte el costo del llamado rescate carretero se ha considerado por la opinión pública como elevado y por otra parte estará rescatando, en lo individual, a una constructora con una quita de 80 por ciento sin que exista una causa plenamente justificada». Los bancos involucrados en los esos préstamos personales son Unión, Inverlat, Bancen y Santander Mexicano. El Fobaproa asumió 81.03 por ciento de ese adeudo.

En éste como en muchos casos más, los bancos involucrados aceptaron garantías menores al monto de los financiamientos concedidos. Las garantías ofrecidas por los Ballesteros significaron sólo 24.87 por ciento (703 millones) del total de créditos liberados a su favor.

En la sesión número 2 del subcomité (20 de mayo de 1997) se trataron los adeudos de GMD. Eduardo Fernández comentó: »Sería preferible que se pospusiera el desahogo de este tema, debido a que aún no hay definición del Programa de Rescate Carretero, por falta de su fundamento legal».

Para el subcomité, el panorama de GMD »provoca que la recuperación de los créditos corporativos otorgados por la banca mexicana esté sujeto al Programa de Rescate Carretero que está por anunciarse por parte del gobierno federal, en el cual se ha asignado a las carreteras un valor de adquisición de 0.40 centavos por cada peso que hayan invertido de capital y de sus cuentas por cobrar».

Efectivamente, el gobierno anunció tal programa el 27 de agosto de 1997, y del total de recursos públicos a recibir por el rescate carretero, GMD destinó 960 millones de pesos al pago de impuestos, incluyendo los correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social.

En la sesión número 13 (10 de septiembre de 1997), se anotó que en el caso de GMD »es preferible una quiebra a una liquidación ordenada, dado que esta última no asegura una mayor recuperación, y sí en cambio podrían perderse las acciones jurídicas y penales que se pudieran ejercer».

El 30 de octubre de 1997 (sesión 16), Javier Arrigunaga comentó: »Se ha recibido una oferta de pago por parte de GMD equivalente a 40 centavos por cada peso, incluyendo el inmueble conocido como Europlaza», y en la número 21 (23 de diciembre de 1997) el acta anota: »David Rangel, representante del GMD, comentó al Fobaproa que la Secretaría de Hacienda le ha señalado que en vez de que reciban 309 millones de dólares del Programa de Rescate Carretero recibirían 400 millones. Por otra parte, le indicó Rangel que la Secretaría de Hacienda les había prometido que en la restructura se les apoyaría en compensación por el quebranto que dicho grupo tendría derivado del Programa de Rescate Carretero».

Otro caso ligado a GMD y a la familia Ballesteros corresponde al Grupo Promotor de Inversiones de México. Los accionistas principales son José Luis Ballesteros Franco, Hugo Villa Manzo, Javier Valadés y José Luis Cervantes, los últimos tres accionistas de Bancen, que fue la otorgante del crédito salvado por el Fobaproa.

De acuerdo con el acta de la sesión número 10 (7 de agosto de 1997), el origen del adeudo fue un crédito simple con garantía fiduciaria por 9.5 millones de pesos, autorizado en junio de 1995, con capitalización de intereses. El destino, un proyecto de edificio condominal de lujo en Cuajimalpa, que constituía la garantía. Al 24 de julio de 1997, los riesgos financieros para el Fobaproa sumaban 49.57 millones. Sobre el particular, el acta refiere: »El edificio condominal de lujo no se construyó; la empresa no tienen capacidad financiera para terminar los proyectos inmobiliarios».

Mientras los bancos exprimían a deudores, el gobierno diluía macrodeudas

Carlos Fernández-Vega * En plena crisis de cartera vencida, la Secretaría de Hacienda se regocijaba por los »extraordinarios resultados» de los programas de apoyo a deudores, y los bancos, sus departamentos jurídicos y los cientos de tinterillos contratados por las instituciones financieras, amenazaban, perseguían y exprimían a millones de microdeudores.

Mientras eso sucedía públicamente, el Subcomité de Recuperación del Fobaproa, silencioso, fortalecía su operación limpieza y, veloz, atendía los macroadeudos de prominentes empresas y sus respectivos hombres de negocios, de acuerdo con las actas del propio Subcomité.

Paralelamente, el erario público, anémico y agotado, recibía la noticia de que, por instrucciones presidenciales, las huestes prianistas legalizarían, a toda costa, la cartera del Fobaproa para transformarla en deuda pública. Y la legalizaron.

En marzo de 1998, el saldo del fideicomiso superaba los 520 mil millones de pesos. Dieciséis meses después (julio de 1999), el IPAB, clon del Fobaproa, administra alrededor de 840 mil millones.

Gutsa: Constructora de Juan Diego Gutiérrez Cortina, copropietaria del World Trade Center (Hotel de México) y accionista del Grupo Financiero Banamex Accival.

En la sesión número 2 (20 de mayo de 1997), el subcomité atendió el caso de Gutsa-Escala Internacional. En la reunión se subrayó: »existe un compromiso contractual de liberar los recursos que se requieren para concluir la etapa de la obra de estacionamientos del WTC, por lo que en caso de no otorgar tales recursos (7.2 millones de dólares), Gutsa podría demandar a Banco Santander Mexicano y a Fobaproa».

En primera instancia se autorizó a Gutsa-Escala Internacional el crédito, para después »fijar una fecha para que se presente a este Subcomité o, en su caso, al Comité Asesor, el proyecto del WTC de forma integral hasta su conclusión, de manera que se tenga una idea muy precisa de qué es lo que habrá que enfrentar y evaluar las acciones a seguir».

Más allá de Gutsa, Juan Diego fue rescatado por Fobaproa en otra de sus empresas: Desarrollo Inmobiliario Vía (Divisa), debido a un adeudo con Bancen por 78.7 millones de pesos; con intereses moratorios, el monto ascendió a 114.37 millones.

Los accionistas de Divisa, de acuerdo con el Subcomité, son Gutsa Inmobiliaria (99.6 por ciento), Juan Diego Gutiérrez Cortina (0.1), Antonio Gutiérrez Prieto (0.1), Antonio Gutiérrez Cortina (0.1) y Lucio Pablo Gutiérrez Cortina (0.1).

Un tercer rescate llegó para los Gutiérrez Cortina: el autorizado por el Subcomité para el Grupo Acción, que encabeza Antonio Gutiérrez Cortina, hermano de Juan Diego. En su consejo de administración participan, entre otros, Pablo Escandón Cusi, Antonio Madero Bracho (miembro de la Comisión de Financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari), Alejandro Martí García, Dionisio González García y José Antonio Patrón Castro.

Las asociadas y subsidiarias del Grupo Acción son: Opción Santa Fe III, Corporativo Opción Santa Fe II, Plaza Opción San Pedro, Operadora de Centros Comerciales Opción, Centro Comercial Ensenada, Opción Jamantab, Inmobiliaria Prunes, Inmobiliaria Firpo, Fiesta Coapa, Inmobiliaria Plaza Opción Altavista, Inmobiliaria Berrendo, Inmobiliaria Opción Los Nogales, Montes Urales III, Inmobiliaria Rinoceronte, y Recinto Grupo Inmobiliario.

El problema de Grupo Acción fue agendado por el Subcomité a partir de las sesiones 11 y 12 (12 y 26 de agosto de 1997). La propuesta de rescate se planteó así: »pagar el crédito que se tiene con Banco Santander Mexicano por 75 millones de pesos, con un descuento de 38 por ciento».

En caso de no prosperar la primera alternativa, acota el acta del Subcomité, »se somete a consideración la aplicación de una restructura financiera con los siguientes tranches (sic): definir un nivel de deuda sostenible por aproximadamente 35 millones de pesos a 12 años, con dos de gracia y tasa de mercado; la diferencia consistiría en un bono convertible a una tasa de Udis, más dos puntos, que podría ser pagado en el transcurso de este plazo con ciertos descuentos o, en su caso, al final del quinto año. En caso de no pagar, se convertiría por el control accionario de la inmobiliaria Plaza Opción Altavista (en caso de que esta alternativa sea la elegida, el porcentaje de conversión, así como los descuentos, estarían pendientes de negociar)».

Agrega: »consideramos más conveniente recibir un pago en efectivo, otorgando un descuento en vez de restructurar a un plazo de 12 años, corriendo el riesgo de que el crédito tenga problemas a futuro. Por lo anterior, se recomienda el pago en efectivo, siempre que sea de la siguiente manera:

»1.- Partiendo del valor nominal del crédito, negociar con un descuento de 30 por ciento el pago de la totalidad del mismo, siendo los valores los siguientes: 75 millones de valor nominal, con un descuento de 30 por ciento, para llegar a 52.5 millones.

»2.- Considerando que la cartera de Banco Santander Mexicano se compró con descuento de 16 por ciento, el índice de recuperación de este crédito es de 0.83 centavos (por peso), siendo los números los siguientes: 75 millones de valor nominal, con 16 por ciento de descuento del paquete de Banco Santander Mexicano, 63 pesos valor de la cartera Fobaproa, 52.5 millones el monto del pago, y 83.3 por ciento el índice de recuperación».

En la sesión número 12 se anotó: »se anexa correspondencia en la que Grupo Acción manifiesta su conformidad con el porcentaje de descuento que autorice este Subcomité, haciendo mención a la solicitud por 38 por ciento».

Sin embargo, »los miembros del Subcomité manifestaron su preferencia por la alternativa del pago en efectivo, así como que el 38 por ciento resulta muy elevado dadas las características de la empresa. Se comentó que se deberá negociar un mejor porcentaje para el Fobaproa. Por otra parte, se discutió el posible incentivo de no pago que se generaría al no aceptarse algún descuento por pago anticipado». La opción: »el pago anticipado de Grupo Acción siempre y cuando el descuento tenga un límite máximo de 20 por ciento, sobre el valor facial del crédito».

Grupo Fernández: Lo encabezan Justo Félix Fernández López (miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios), Manuel Fernández Avila y Alejandro Fernández Avila. El consorcio realiza actividades en las siguientes áreas: construcción, gasolineras (concesiones de Pemex), comercialización de café, inmobiliarias, espectáculos y central de abasto.

Entre las empresas del grupo se cuentan Industria y Abasto El Ingenio, Espectáculos y Desarrollo Hípicos (concesionaria del Hipódromo de las Américas), Inmobiliaria Lomas de las Minas, Inmobiliaria Jardines de las Animas, Almacenes Frigoríficos Mexicanos, Cafés de Xalapa, Servicio Xalapa y Constructora Amsa.

Los bancos involucrados en la operación: Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfin y Banpaís, por un monto de 612.4 millones de pesos, entre los que se registran créditos personales (70.52 millones de pesos) para Justo Félix y sus hijos, otorgados por Serfin, Bancomer y Banamex.

En el caso de Bancomer, los créditos fueron quirografarios por casi 47 millones de pesos autorizados en 1994 y 1995, año en el que se restructuraron (créditos simples con garantía hipotecaria) 76.2 millones, al capitalizarse intereses no pagados.

También rescató al Grupo Las Américas, concesionada por la Segob para cruzar apuestas en el Hipódromo de las Américas. La familia de Justo Félix posee 91.1 por ciento de las acciones; el otro 8.9 por ciento pertenece a empresarios no especificados por el Subcomité. Dicha concesión fue cancelada el 29 de agosto de 1996.

El 17 de mayo de 1997, la Dirección General de Gobierno de la Segob firmó un convenio con las empresas de Justo Félix Fernández, comprometiéndose a mediar con los bancos acreditantes, a efecto de liquidar los pasivos a su cargo, o para lograr que el nuevo permisionario se reconociera como deudor de los bancos.

El nuevo permiso de la Segob para cruzar apuestas en el Hipódromo de las Américas lo obtuvo la empresa Grupo ECE, cuya cabeza es Guillermo González Guajardo, hijo de Claudio X. González Laporte (asesor del presidente Salinas de Gortari) y accionista de Serfin. El Grupo ECE opera, entre otras cosas, los restaurantes Hard Rock Café y Rain Forest en México. En este corporativo participan accionariamente Emilio Azcárraga Jean y Miguel Alemán Magnani.

El 24 de mayo de 1997, una semana después del convenio Segob-Justo Félix Fernández López, González Guajardo declinó al enterarse que se convertiría en patrón sustituto de los empleados del Hipódromo, que debería hacerse cargo de los pasivos fiscales y quedaría como el nuevo deudor de los créditos vencidos de las empresas de Justo Félix Fernández.

En virtud de ello, se otorgó el permiso al segundo lugar de la licitación: la empresa Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA), encabezada por Alejandro Soberón Kuri (Ticketmaster, Foro Sol, Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes, Teatro Metropolitan, Estadio Azul, entre otros), la cual logró que la Segob variara su posición en torno a los adeudos de Justo Félix Fernández, proponiendo a cambio una dación en pago.

Las actas del Subcomité señalan que »a la Segob le es de suma importancia la resolución del problema político y laboral generado por la revocación del permiso otorgado a la familia de Justo Félix Fernández, pasando a segundo plano la posición que guardan los adeudos con los bancos, que podrían tener que tomar castigos muy altos en relación con los adeudos que les tienen otorgados a las empresas» del empresario veracruzano.

El acta de la sesión número 16 (30 de octubre de 1997) señala que Javier Arrigunaga, director del fideicomiso, presentó al Subcomité el asunto del Hipódromo de las Américas. En la reunión se comentó que »las propuestas presentadas por la Segob no son aceptables para el Fobaproa, debido a que implicarían un porcentaje de recuperación de nueve por ciento».

En la sesión número 19 (5 de diciembre de 1997), el Subcomité recomendó que »se explore con la Secretaría de Hacienda y con la Segob la posibilidad de que se le ceda a esta última el activo por ser materia de su competencia, y de esa forma que sea dicha Secretaría la que lleve a cabo la restructura. De encontrarse posibilidades para que se proceda de esa forma, habría que someter dicha propuesta a la consideración de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento».

Dos sesiones después, en la número 21 (23 de diciembre de 1997), se expuso el caso de los créditos personales de Justo Félix Fernández. El mismo Arrigunaga señaló: se le informó a Bancomer que el empresario ofrecía en pago el Rancho La Asunción. En opinión de los representantes del banco esta dación, lejos de dar flujo económico, implicaba un costo de mantenimiento.

Para Bancomer, el quid del problema con este personaje se reseña en las palabras de su representante Guillermo Chávez, expuestas ante el Subcomité: »promover una demanda en contra del señor Justo Fernández en el estado de Veracruz sería una causa perdida desde el inicio». Por ello, el banco »estaría recibiendo todas las garantías que tiene, como la gasera y la gasolinera, empresas que sí generan flujo».

El crecimiento de los pasivos pone en riesgo al país

Carlos Fernández-Vega Ť Casi al finalizar 1998 -el 12 de diciembre-, el gobierno y la fuerza prianista representada en la Cámara de Diputados presumían que una vez legalizado el Fobaproa, los problemas derivados del rescate de los bancos privados con recursos públicos llegaban a su fin.

Era, en esencia, el viejo truco de la fábula: «muerto el perro, se acabó la rabia».

Pero una vez salvado el escollo (que no el costo) político-económico que implicó desaparecer al denostado Fobaproa, los banqueros y, con ellos, los megaempresarios y los tecnoburócratas financieros del gobierno zedillista, resultaron más «perros» y más «rabiosos» que antes.

Sin embargo, la danza de los millones sólo comenzaba y la realidad resultó más drástica. Ocho meses después, los 65 mil millones de dólares legalizados se convirtieron en 84 mil millones (más lo que se acumule esta semana).

La tajante realidad obliga a recordar que el costo del Fobaproa y su clon, el IPAB, ha sido, es y será cubierto (de aquí a la ignominia) por todos aquellos mexicanos que no fueron invitados al festín: los millones que sobreviven en la miseria y la pobreza, los desempleados, los de salario mínimo y demás conexos de la República Mexicana.

No hay que olvidar que al anunciar los programas de rescate de la banca -y, por supuesto, de los banqueros y sus empresas-, las autoridades financieras aseguraron que el costo económico no sobrepasaría 5 por ciento del producto interno bruto. Hoy, supera 22 por ciento del PIB.

Urgidos por olvidar el espinoso asunto, autoridades, banqueros y jilgueros se han apresurado a enterrar el asunto Fobaproa.

Pero la memoria colectiva no puede darse el lujo de compartir esa urgencia.

Grupo Calzado Canadá: Lo presidía Sandra López Benavides, también beneficiada por otro rescate, el del Grupo Sidek, del cual era accionista, al igual que en la Casa de Bolsa Inverlat y Bancomer, del cual es vocal suplente en el consejo de administración.

En la sesión número 7 (primero de julio de 1997) del subcomité, «Alberto Mulás -director de Activos Corporativos del Fobaproa- informó que se han presentado dos alternativas para llevar a cabo la última etapa en la reestructura de Grupo Canadá. Una es de un grupo de inversionistas encabezados por Joaquín Avila, quien representa a la familia Botín, accionistas mayoritarios del Banco Santander (Santander), y la otra es de Bancomer».

Una de las alternativas, bajo la óptica del subcomité, era aceptar la oferta de Joaquín Avila, representante de la familia Botín (dueña del Banco Santander Central Hispano, de España, y accionista mayoritario del Banco Santander Mexicano): «aportar 35 millones de dólares a cambio de 80 por ciento del capital de la empresa; pagar la deuda que por 85 millones de dólares mantiene Grupo Canadá con la banca, con un nuevo pagaré al 40 por ciento de su valor facial en términos de mercado, la cual implica una quita de 60 por ciento de los créditos. A cambio de la quita, se ofrece un kicker de 2 por ciento del capital, el cual se estima vale cerca de tres millones de dólares».

Con lo anterior, señala el acta, «la propuesta representa una posible recuperación de 43.5 centavos por cada peso de deuda: 40 centavos en deuda y 3.5 centavos del valor del 2 por ciento de capital de los bancos al quinto año».

También Bancomer se interesó por Calzado Canadá. La propuesta, presentada por Alberto Mulás, fue «aportar en una primera etapa 25 millones de dólares en efectivo, a cambio de 60 por ciento del capital de la empresa; permitir que todos los acreedores financieros inviertan recursos frescos en la operación en los mismos términos que Bancomer; cualquier faltante de recursos se aportaría por Bancomer; en caso de requerirse más recursos, Bancomer se compromete a aportar hasta 10 millones de dólares adicionales, incrementando su participación en 20 por ciento para llegar a un total de 80 por ciento, dando también la oportunidad para que todos los acreedores financieros participen; Bancomer aportaría cualquier faltante de recursos».

La propuesta adicionaba: «Bancomer solicita al mismo tiempo que los acreedores financieros acepten capitalizar 58 por ciento de la deuda actual y reestructurar el 42 por ciento restante a 7 años incluyendo dos de gracia para intereses, a condiciones de mercado; a cambio de capitalizar 58 por ciento de la deuda, los acreedores financieros que decidan canjearla tendrán derecho en la primera etapa a 10 por ciento del capital social de la empresa, quedando el 30 por ciento restante en manos de los accionistas actuales; de ser necesario invertir los 10 millones de dólares restantes, la familia López (Benavides) se diluiría a 15 por ciento y los acreedores a 5 por ciento; proponen que la dirección general sea ocupada por el señor Shankar Dadoo y que cada aportante tenga derecho a nombrar consejeros en función de su participación; la familia López (Benavides) tendría derecho de preferencia para adquirir cualquier porcentaje que las instituciones desearan vender; y esta propuesta representa la posibilidad de recuperar hasta 60 centavos de cada peso de deuda: 42 centavos en deuda y 18 centavos del valor estimado del 10 por ciento de capital de los bancos en 5 años (150 millones de dólares)».

Más adelante, «se mencionó que en términos de la propuesta de Bancomer, los bancos que participaran en la capitalización con recursos frescos tendrían derecho a la apreciación potencial del capital, lo que representaría una ventaja adicional para dichos intermediarios. Asimismo, se comentó que la operación debe manejarse con cautela, dando que (Banco) Santander presentó su propuesta a la prensa como aceptada por los accionistas, mencionando que la decisión está en manos de Bancomer y el Fobaproa, debido a que se les presentó una oferta de reestructura razonable».

De acuerdo con el documento y después de «amplias deliberaciones sobre el particular», los integrantes del subcomité llegaron al siguiente acuerdo: «se acepta la propuesta de Bancomer, ya que representa una mayor recuperación para el Fobaproa».

Factoring Corporativo: Empresa dedicada al factoraje con cartera de cadenas comerciales, así como del Grupo Chedraui.

Antonio Chedraui (enlistado en el número 35 entre los 100 principales empresarios del país, de acuerdo con Expansión) es el dueño del Grupo Comercial Chedraui, miembro del consejo de administración del Grupo Financiero Banamex Accival, y con intereses accionarios en el Grupo Financiero Serfin.

De acuerdo con los reportes del subcomité, en el periodo 1995-1996 Factoring Corporativo «mostraba una gran concentración en el factoraje inmobiliario, lo que acentuó su problema económico».

Los bancos involucrados en esta operación: Bancrecer, Serfin, Inbursa, Bilbao Vizcaya, Industrial y Bancomer, por un total de 152.5 millones de pesos. Aunado a ello, una deuda bursátil por 174.3 millones, para un total de 326.9 millones de pesos.

El acta de la sesión número 6 (24 de junio de 1997) señala: «a través de un futuro accionista denominado Tiburones del Sureste se invirtieron el pasado 18 de diciembre (1996) en un fideicomiso de administración 20.6 millones de pesos, cantidad que servirá para adquirir a descuento 85.3 millones de los pagarés que emitió Factoring Corporativo en 1993 a doce tenedores que están dispuestos a vender en el precio de la cantidad ofrecida; el resto de los tenedores de los pagarés manifestaron su aceptación a la propuesta de reestructura y capitalización de su deuda».

Después de reestructurarse Factoring Corporativo, el dueño de la empresa Tiburones del Sureste resultó ser, de nueva cuenta, la familia Chedraui, en esta ocasión representada por la señora Stella Chedraui Obeso. Tiburones del Sureste se convirtió en el dueño de 67.09 por ciento de Factoring Corporativo, más 7.45 por ciento de las acciones a favor de la señora Ana Chedraui Obeso. El 14.65 por ciento de las acciones quedaron en manos de Serfin -del que era accionista Antonio Chedraui-, 4.97 por ciento en manos de Bancomer, 3.68 por ciento en Bilbao Vizcaya y 2.16 por ciento en los acreedores bursátiles.

La recuperación para el Fobaproa se estimó en 20 centavos de cada peso comprometido.

En el acta del subcomité se reconoce que Factoring Corporativo «no cuenta con el capital mínimo regulatorio» que establece la ley que regula a las instituciones auxiliares de crédito. Aun así, Fobaproa sacrificó recursos.

Consorcio Industrial Escorpión: Empresa refresquera y azucarera que preside Enrique C. Molina Sobrino (al igual que el Grupo Pepsi-Gemex), empresario yucateco que formó parte de la comisión de financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

Beneficiario tanto de la reprivatización de la banca como del Fobaproa, al ser accionista de Banpaís y del Grupo Financiero Banamex Accival, Molina Sobrino también fue requerido por una operación bancaria destinada a uno de sus negocios en Cancún.

En la sesión número 22 (13 de enero de 1998), el subcomité estableció: «en relación con el adeudo del Jai Alai de Cancún, propiedad del señor Enrique Molina, crédito del que se cuenta con su aval personal, se recomendó que el contador público Mario Hernández hable con el interventor de Banco Obrero y con el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se les diga que el aval del señor Molina debe hacerse efectivo».

Accionista en Banpaís y Asemex con Angel I. Rodríguez, El Divino; poseedor de 10 ingenios azucareros adquiridos al Estado, que producen alrededor de 25 por ciento del azúcar nacional, Molina Sobrino es, nuevamente, beneficiario de un programa de rescate de los ingenios azucareros puesto en marcha por el gobierno federal, que en su primera etapa (marzo de 1999) implica una erogación de 2 mil millones de dólares (desde luego provenientes del erario público). Molina Sobrino recibió 700 millones de billetes verdes.

Cabe recordar que decenas de ingenios azucareros propiedad de la nación fueron vendidos a particulares en las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

Entre los miembros del consejo de administración de Pepsi-Gemex se cuenta a Gastón Azcárraga Andrade, Jesús Barraza Ferrer, José Carral Escalante (también integrante de la comisión de financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari), Jesús Cevallos Gómez, Isaac Chertorivsky Shkoorman (miembro del consejo de administración del Banco Bilbao Vizcaya-México), Valentín Díez Morodo (presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios), Claudia y Enrique Molina Basteris, Fernando Molina Sobrino y Abelardo Morales Purón.

Enrique Molina Sobrino adquirió las paraestatales refresqueras Embotelladora Garci-Crespo y Distribuidora San Lorenzo, Granja Buenagua, La Cantera, Manantiales San Lorenzo, Refrescos y Alimentos Garci-Crespo y Transportes Garci-Crespo.

Los ingenios que controla son: Atencingo (Puebla), Calipam (Puebla), Casasano (Morelos), El Modelo (Veracruz), El Potrero (Veracruz), Emiliano Zapata (Morelos), La Providencia (Veracruz), Plan de San Luis (SLP), San Cristóbal y San Miguelito (Veracruz).

Hasta un avión chocolate recibieron como pago

Carlos Fernández-Vega * Un día de clases, tan normal como cualquier otro, un ingenuo alumno preguntó a su profesor: Ƒpor qué, en México, sobreviven en la pobreza y la miseria cerca de 40 millones de habitantes, si se pregona que esta es una de las naciones más ricas del planeta?

El maestro respondió que el modelo económico imperante en el país desde hace diecisiete años ha condenado a esos connacionales (tal vez en número mucho mayor que el reportado en las cifras oficiales) a hacer el trabajo sucio, para que los megaempresarios de este país puedan concentrar -hasta ahora- el 53 por ciento de la riqueza nacional.

Ese no muy hipotético intercambio entre maestro y alumno pudo haberse dado en un escenario cada vez más notorio en este México ofendido: una escuela pública descascarada, con pupitres desvencijados, alumnos mal alimentados y carente de los mínimos recursos para atender a plenitud las necesidades y urgencias de esos interlocutores.

Por ello, Ƒvaldría la pena preguntarse a dónde ha ido a parar, en los últimos diecisiete años, el esfuerzo, el sacrificio y la riqueza que se genera cotidianamente en este país y, en ese mismo sentido, por qué la permanente pauperización de millones de mexicanos?

Grupo Lomelí: Propiedad de Arturo Lomelí Villalobos. El adeudo involucrado en esta operación, de acuerdo con el informe presentado al Subcomité por el banco agente Inverlat, superó los 100 millones de dólares.

En el seno del Subcomité, de acuerdo con las actas respectivas, se advirtió, se reiteró que el consorcio tenía una capacidad «muy cuestionable» para atender los adeudos acumulados. Los accionistas de esta empresa «continúan sus prácticas de extracción de fondos de las empresas, sólo que involucrando al Fobaproa».

A pesar de ello, el Subcomité le concedió un crédito adicional por un millón de pesos para el pago de su nómina, con la salvedad de que fue otorgado a una empresa en la que no aparecía como accionista Arturo Lomelí Villalobos, aunque los recursos se destinaron al pago salarial de los trabajadores al servicio del propio Arturo Lomelí Villalobos.

En la sesión número 8 (15 de julio de 1997), el acta apunta que «el viernes 4 de julio se dispusieron 969 mil 995.18 pesos para el pago de nóminas de los jornaleros de San Quintín, con objeto de evitar un conflicto social en ese lugar. Se tomó la decisión de no pagar la nómina de jornaleros en otros lugares dado que el número de trabajadores es reducido y por tanto no existía riesgo». San Quintín es una de las propiedades del Grupo Lomelí.

El acta de esa sesión advierte: «la noche del 7 de julio se presentó un incendio en Los Mochis. Según los Lomelí fue provocado por los trabajadores inconformes por la falta de pago de sus salarios. Reportan que se quemó estacón en una cifra cercana al millón de piezas, lo que implica un costo importante. Podría inferirse que el incendio fue provocado como medida de presión hacia el Fobaproa, debido a que no se les han dado los recursos que quieren».

En las actas, de manera reiterada, se comenta la «hostilidad» de los Lomelí hacia el personal del Fobaproa, así como que «los Lomelí no han mostrado capacidad empresarial ni administrativa». En la sesión número 8 se comentó que «se ha desarrollado un ambiente hostil de parte de los Lomelí hacia nuestro personal. La gente que trabaja para el Fobaproa, pero es pagada por Lomelí, ha dejado de recibir su sueldo desde el primero de junio. Se ha prohibido la entrada al empaque de Mochis a nuestro personal, debido a que son quienes detectaron que el estacón quemado fue viejo y seguramente provocado por los Lomelí».

En la sesión número 17 (6 de noviembre de 1997) se abordó nuevamente el caso del Grupo Lomelí. El acta señala: «se comentó también la situación del adeudo con Banca Confía por cheques devueltos que fueron utilizados para el pago de nóminas de los jornaleros. El licenciado Guillermo Güemez solicitó que se explicara cómo se había generado esta situación, por lo que se mencionó que derivó de que el licenciado Alfredo Corvera, quien fungía como responsable de la tesorería del Grupo Lomelí por parte de Fobaproa durante la intervención convencional y que actualmente colabora con el Fondo, firmaba de manera mancomunada en la chequera de los señores Lomelí y se requería de manera urgente de recursos para el pago de los jornaleros con el objeto de evitar posibles brotes sociales. Se recordó, asimismo, que este asunto fue hecho del conocimiento del Subcomité de Recuperación en la sesión número 7 del primero de julio de 1997. Por lo anterior, hubo consenso en que este adeudo se incorpore a la masa de créditos que absorberá el Fobaproa en la venta a Citibank».

El acta precisa: «finalmente, respecto del adeudo con Banca Confía por créditos otorgados a Lomelí en octubre de 1996, para la siembra del ciclo 1996/ 1997, por un monto de 3 millones de dólares y que con los intereses respectivos alcanza la cifra de 3 millones 159 mil 760 dólares, cuyo destino fue la compra de materia prima, pago de jornales y salarios, se consideró correcto que se incorpore este crédito a la masa de créditos que absorberá Fobaproa en la venta a Citibank. Ese movimiento evitaría una posible demanda de Banca Confía en contra del Fobaproa».

El Subcomité, siempre de acuerdo con las actas, exigió a los Lomelí que aportaran como garantía la franquicia de fútbol que se tiene con la Universidad de Guadalajara. También, la familia es propietaria de la empresa Santa Anita Produce, y el inventario del Fobaproa documentó más de 160 inmuebles propiedad de los Lomelí (24 de ellos en el extranjero), con un valor cercano a los 75 millones de dólares.

Independientemente del rescate del Grupo Lomelí como tal, en el acta del Subcomité de la sesión número 10 (7 de agosto de 1997), se lee: «Aerolíneas Ejecutivas. Banca Cremi. En junio de 1993, Banca Cremi autorizó crédito simple por 700 mil dólares con garantía prendaria del avión Lear Jet 25D número de serie 222 matrícula XAMHA, que sería utilizado de forma exclusiva por Grupo Lomelí.

«En enero de 1995, Cremi autoriza una reestructura a plazo de 5 años, obteniendo un pago en efectivo que se destina prácticamente a pago de intereses, por 245 mil dólares. La reestructura se autoriza, pero no se lleva a cabo la firma de los contratos.

«Problemática actual: la empresa resintió el incremento en insumos relativos a su actividad, así como el impacto por el desliz cambiario, sin que registrara incremento en sus ingresos, dado que el uso del avión fue exclusivo para el Grupo Lomelí Villalobos, quien no pudo pagar las rentas respectivas.

«Autorizaciones anteriores: en la sesión número 13 del anterior Comité Central, de fecha 10 de febrero de 1997, se autoriza a Banca Cremi a proceder a la venta del avión, a un precio no inferior al adeudo que tiene con Banca Cremi por 706 mil 600 dólares, aplicado el descuento del Fopyme. Cualquier remanente entregarlo al deudor. De no concretarse la venta, Banca Cremi se adjudique el bien a través de Valuación y Venta de Activos».

Sin embargo, el procedimiento se topó con que el avión de marras fue internado al país ilegalmente (una de avión chocolate). Al respecto, el Subcomité reconoce: «esta autorización tendría su complicación, tomando en cuenta la condición en que fue internada la aeronave al país, Cremi tendría que recibir mediante un fideicomiso que permita contratar un servicio de aerotaxi para poder volar o en su caso cubrir los impuestos para su internación legal al país. Con este motivo se revisó nuevamente el asunto, en la sesión número 21 del citado Comité Central de fecha 14 de abril, resultando el siguiente acuerdo: se queda pendiente el asunto. Preparar un informe respecto al compromiso adquirido por Banco Unión, según carta del 27 de abril de 1995».

El acta continúa: «propuesta actual: según comunicado que recibimos de parte de Jorge Fernández Margáin, director de Recuperaciones Especiales de Banca Cremi, la propuesta es la siguiente: (a pagar) 775 mil 769 dólares. La garantía para la reestructura (del crédito de Banca Cremi) será prendaria de la misma unidad» (el avión chocolate).

En opinión de Banca Cremi, señala el acta, «la propuesta es razonable de acuerdo a: el avión se encuentra depreciado y existe una evidente falta de ofertas para la adquisición de aeronaves en el mercado; con este pago se liquida por completo el crédito que la empresa recibió de Cremi; el porcentaje de la quita corresponde a parámetros autorizados por Fopyme (50 mil dólares en este caso) y al copete moratorio. Observación: difícilmente Banca Cremi podrá recuperar los 175 mil 769 dólares del pagaré de Lomelí. Sin embargo, no existirá quebranto en el monto principal».

Aunque parezca disco rayado, los hermanos Arturo, Héctor, Conrado y Andrés Lomelí Villalobos eran accionistas y miembros del consejo de administración de Banca Cremi, la institución financiera involucrada en el asunto del préstamo para el avión chocolate.

En la sesión número 13 (10 de septiembre de 1997), el Subcomité indicó: el asunto de Aerolíneas Ejecutivas «se presenta al Subcomité aun cuando el monto no lo requiere, debido a que el caso fue discutido con anterioridad en el Comité Central de Crédito». Por ello, «se aprueba la instrumentación de operación, por lo que los ejecutivos de Banca Cremi deberán proceder conforme a la autorización del Comité Central de Crédito, tomando en consideración las modificaciones expuestas en este Subcomité…»

Gobierno de Zacatecas: Logró el apoyo de la Secretaría de Hacienda y concretó un acuerdo con el Fobaproa para reestructurar sus adeudos, aunque la contratación de dicho débito nunca tuvo autorización del Congreso estatal.

En la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997) se expuso: «el gobierno de Zacatecas llamó a la Dirección de Activos Corporativos comentando que les urgía finiquitar este asunto. Por tal razón se negoció y logró un pago parcial por un monto de 270 millones de pesos y 8 adicionales por 87.6 millones para un total de 357.7 millones, que equivalen a 91.5 por ciento del adeudo, capital e intereses normales. Los pagos parciales quedaron documentados de forma que los realizará de manera directa la Tesorería de la Federación».

Además, «Carlos García Moreno (director general de Crédito de la SHCP) señaló que él conocía la operación y explicó que la deuda estaba inscrita en crédito público, pero no tenía autorización del Congreso; sin embargo, como apoyo al gobernador (en ese entonces, el priísta Arturo Romo) la Secretaría de Hacienda estaría aportándole al gobierno de Zacatecas los 270 millones de pesos que requiere para hacer el primer pago».

De acuerdo con las actas, el 30 de junio de 1995 Banco del Centro (Bancen) otorgó cuatro créditos al gobierno de Zacatecas, por 227 millones 145 mil pesos, los cuales quedaron garantizados con las participaciones de ingresos federales.

«Hace cuatro meses aproximadamente nos llamó (al Fobaproa) la Secretaría de Hacienda con el propósito de que este adeudo se liquidara, pero en ese entonces se hablaba de un descuento inclusive a capital, planteamiento con el cual no estuvimos de acuerdo, en virtud de que el crédito contaba con la garantía de aportaciones federales».

El 29 de noviembre de 1995, las partes celebraron un convenio modificatorio mediante el cual el gobierno de Zacatecas reconoció deber 260 millones de pesos, quedando reestructurado en unidades de inversión (Udi). Este crédito tenía que ser amortizado en 72 pagos a capital, el último a efectuarse el 30 de noviembre de 2003. El convenio se celebró conforme al Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios, convenio suscrito entre la SHCP, la Asociación de Banqueros de México y el gobierno federal.

El 19 de diciembre de 1997 se suscribió un nuevo convenio entre Bancen y el gobierno de Zacatecas sobre el crédito garantizado con participaciones federales. Así, el gobierno de Zacatecas «acepta pagar 357.7 millones de pesos, lo cual representa una recuperación de 91.5 por ciento del adeudo correspondiente a capital más intereses normales».

Quedó pendiente en esa fecha la negociación de un préstamo quirografario -adicional al garantizado con aportaciones federales- por un total de 73.75 millones de pesos.

Originalmente, al gobierno de Zacatecas le fueron concedidos cuatro créditos por 227.14 millones de pesos. Al 17 de septiembre de 1997, el adeudo ascendía a 475.31 millones (109.26 por ciento de aumento en dos años y tres meses).

La propuesta del Fobaproa para saldar el adeudo del gobierno de Zacatecas fue la siguiente:

Se acordó en dos partes: 1) un primer pago de 270 millones de pesos realizado el 19 de diciembre de 1997 y, 2) 8 pagos mensuales, los primeros siete por 10 millones 944 mil 431 pesos y el octavo por 10 millones 944 mil 435 pesos.

El acta respectiva señala: «para tal fin se suscribió un convenio entre el gobierno de Zacatecas y Banco del Centro, firmando por el gobierno de Zacatecas el gobernador (Arturo Romo), el secretario de Gobierno y el secretario de Planeación y Finanzas. En este convenio la cláusula más importante es que el gobierno de Zacatecas está conforme en que los importes que se precisan en la cláusula anterior se paguen a la institución a través de la Tesorería de la Federación, mediante participaciones que en ingresos federales corresponden al estado de Zacatecas, los días 30 de cada mes. Iniciando en enero de 1998 y concluyendo en el mes de agosto de 1998».

Se cometen los mismos excesos que motivaron la expropiación

Carlos Fernández-Vega * En plena fantasía modernizadora, Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe promovían sin cesar la reprivatización de la banca, pues, sostenían, la mano empresarial haría del sistema financiero mexicano una maquinaria eficiente, competitiva, promotora del ahorro interno, otorgante de crédito oportuno y suficiente a la inversión productiva, gestora de un desarrollo equilibrado y congruente con las necesidades sociales, y erradicaría fenómenos indeseables de concentración.

Siete años después de concretarse el regreso del sistema bancario a un círculo de la iniciativa privada, las instituciones que lo conforman incumplieron, tajantemente, esos buenos propósitos. De hecho, han ejercitado todos los excesos que sustentaron la expropiación de 1982.

En la práctica, el gobierno federal optó por apuntalar a esa banca moderna resultante del proceso desincorporador, y dejó a un lado las crecientes urgencias sociales del país. Es la misma autoridad que decidió erradicar, por injustificables, todos los subsidios (populares, como el de la tortilla).

Salinas y Rocha: El 20 de diciembre de 1997, Grupo Salinas y Rocha -la tienda de muebles y electrodomésticos más antigua del país- y subsidiarias restructuraron, por segunda ocasión, adeudos por 4 mil millones de pesos a fecha-valor del 31 de marzo de 1997. Los bancos acreedores fueron Serfin (44.37 por ciento), Bancomer (15.34 por ciento), Santander Mexicano (22.82 por ciento) y Confía (17.47 por ciento).

En el consejo de administración de esta empresa participaban Jorge Eugenio Ortiz Salinas, Fernando Elizondo Barragán, Isabel Alvarez de la Torre, Jorge Chapa Salazar, Roberto Coillard López, Alberto Fernández Garza, Javier Oriondo Verea, Fernando Lankenau Rocha, Sergio Muris Salinas, Jaime Ortiz de la Borbolla, Hernán Rocha Garza y Jaime Sada Salinas.

En la sesión número 8 (15 de julio de 1997) «se mencionó que el adeudo calculado para agosto de 1997 asciende a 4 mil millones de pesos, y que de dicho monto se definieron dos tramos de deuda sostenible: el primero por 500 millones y el segundo por 300 millones. La administración de la empresa continúa a cargo de Salinas y Rocha mediante un contrato de administración, debido a que se ha considerado que ha sido aceptable». Ambos montos fueron convertidos a Unidades de inversión (Udi) «con plazos de diez a doce años, con una tasa de interés de 9 por ciento mensual, con prepagos anuales condicionados a una fórmula de excedente de caja y a los pagos del segmento uno».

Al intervenir en la sesión, Javier Arrigunaga, director general del Fobaproa, explicó: «la restructura que nos ocupa se ha diseñado de tal forma que, al menor incumplimiento por parte de Salinas y Rocha, el Fobaproa tomaría el control total de la empresa; sin embargo, si los administradores logran la recuperación de la empresa, estarían en condiciones de recomprar el capital, con lo que el fondo obtendría su recuperación».

Grupo Salinas y Rocha «otorgó garantías por un monto de 2 mil 400 millones de pesos, divididas en dos fideicomisos de garantía sobre inmuebles y marcas y tres hipotecas; pagó a los bancos con acciones de inmobiliarias y subsidiarias de la misma, cuyos activos suman aproximadamente mil millones de pesos. Asimismo, Grupo Salinas y Rocha celebra contratos de arrendamiento sobre tiendas departamentales (propiedad de los bancos) con rentas garantizadas. Los bancos capitalizan al grupo por un monto aproximado de 2 mil 200 millones, equivalentes a una participación de 80 por ciento en el capital social».

El consorcio ofreció en dación de pago inmuebles por un monto de mil 55 millones de pesos (cuatro centros comerciales y dos terrenos). El avalúo correspondiente lo realizó la empresa Bienes Raíces en Promoción del Centro, dueña de los terrenos ofrecidos en pago.

En la sesión número 15 (7 de octubre de 1997), el subcomité autorizó «la venta de los activos del Grupo Salinas y Rocha… por lo que también se autoriza se proceda a la celebración del concurso para seleccionar el agente que se encargará de la venta de los mismos».

En la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997), el subcomité acordó: «se aprueba la contratación de Deutsche Morgan Grenfell como el agente financiero para la venta de Grupo Salinas y Rocha…»

El 4 de marzo de 1999, el Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Benjamín Salinas Pliego -bisnieto del fundador de la cadena Salinas y Rocha y accionista mayoritario de Tv Azteca-, adquirió, por 77.9 millones de dólares, 94.3 por ciento de las acciones de este grupo comercial. Con ello, Elektra consiguió 98 tiendas (87 tradicionales y 11 departamentales) adicionales.

Raymundo Gómez Flores: Grupo Inmobiliario G/Estrella Blanca/Masa: En la sesión número 23 (3 de febrero de 1998) se abordó el asunto de la empresa Grupo Inmobiliario G, del empresario jalisciense Raymundo Gómez Flores, ex accionista mayoritario de Banca Cremi, propietario del Grupo DINA -que compró al gobierno federal-, del consorcio camionero Estrella Blanca, y accionista de Mexicana de Autobuses (MASA). Ex socio de Carlos Cabal Peniche, participó en la creación del Banco Industrial de Jalisco, posteriormente intervenido por la CNBV, al igual que Banca Cremi y Banco Unión.

El acta de la sesión número 23 registra que «se invitó a la sala a Fernando Villarreal y Puga Colmenares, quien presentó la propuesta de cesión de derechos de crédito que Banco Inverlat tiene a cargo de Grupo Inmobiliario G, a favor de Banco Unión, a efecto de que este último reciba en dación de pago el Hotel Camino Real Acapulco Diamante…», con un valor calculado entre 24 y 28 millones de dólares.

El subcomité acordó: «se lleve a cabo la cesión del crédito del grupo Inmobiliario G, de Inverlat a Banco Unión, a valor neto, con reservas de 40 por ciento y no 20 por ciento, como actualmente indica Inverlat, dado que el Fobaproa, desde un principio, ha negociado la operación con los señores Gómez Flores, razón por la cual esa institución decidió modificar la calificación de junio de 1997, de C 40 por ciento a C 20 por ciento».

El nivel de reservas a 40 por ciento, como propuso Fobaproa, implicó un valor en libros (sin moratorios) de 204.1 millones de pesos, y a valor neto de 122.5 millones. A 20 por ciento, los montos hubieran sido 204.1 y 163.3 millones, respectivamente.

Agrega que, «al realizar la transacción a valor neto, con el nivel de reservas sugerido, Inverlat recuperaría un monto mayor al que le representaría la adjudicación de sus garantías (viviendas); asimismo, se protegería a Banco Unión en caso de una eventual disminución del valor de venta de hotel».

El subcomité acordó concretar todo lo anterior con el fin de evitar que Inverlat se adjudicara las garantías, consistentes en viviendas unifamiliares propiedad de los señores Gómez Flores.

Por otra parte, en la sesión número 2 (20 de mayo de 1997) se presentó el caso de la empresa Mexicana de Autobuses (MASA), en la que Raymundo Gómez Flores tenía una participación accionaria. Eduardo Patiño y Francisco Suárez, representantes del banco involucrado en la operación, Bancomer, expusieron al subcomité que «los actuales socios mayoritarios de la empresa desean reactivar la planta; por tal razón, están dispuestos a aportar un terreno cediéndole el crédito a un tercero, pero sin la garantía. De esta forma, la garantía pasa a formar parte de la masa de activos en favor del resto de los acreedores.

Mencionaron que «es posible que los accionistas estén vislumbrando capitalizar el crédito que comprarían con el terreno, de forma que diluyan a los socios que detentan 10 por ciento (Gómez Flores, por conducto de Transportation Manufacturing Operation), quienes desean evitar la competencia que esta empresa podría representar para DINA», propiedad de Raymundo Gómez Flores.

El subcomité «preguntó a Bancomer que si el valor de los terrenos es de 85 millones de pesos y el adeudo de 136 millones, cómo se cubriría la diferencia, a lo que se contestó que tal diferencia sería el quebranto de la operación, pero con la ventaja de que la garantía hipotecaria pasaría al resto de los bancos, que a la fecha no están protegidos por no haberse perfeccionado las prendas acordadas antes de la suspensión de pagos. La operación consistiría en que Bancomer tomara los terrenos, cancelara la hipoteca y se agregara la planta industrial a la masa de recursos»

Se aceptó la propuesta de Bancomer «en todos sus términos y condiciones, es decir, que se liquide el crédito mediante la aportación de un tercero, del inmueble ubicado en el corredor turístico Cancún-Tulum, con superficie de 314 mil 956.77 metros cuadrados, denominado Conchita Pamul, mediante la constitución de un fideicomiso para venta, cediendo el crédito al aportante del terreno».

La propuesta incluyó también que Bancomer se asegurara que «el cesionario que aporta el terreno no pueda votar en la junta de la suspensión de pagos y que la planta industrial, que es garantía en el crédito de Bancomer, forme parte de la masa de acreedores, evitando que el cesionario tome preferencia por la garantía. Adicionalmente, se establecería contacto con los señores Gómez Flores, solicitándoles que detengan el proceso de incidencia de quiebra de esta empresa. La CNBV establecería esta comunicación».

El subcomité también atendió las urgencias del consorcio camionero Estrella Blanca, entidad coordinadora de 21 empresas de autotransporte de pasajeros, fundada en 1940, que controla, entre otras, las líneas de pasajeros Tres Estrellas de Oro, Transportes Norte de Sonora, Transportes del Pacífico, Servicios Unidos Blancos Flecha Roja, Autobuses Interestatales de México y Autobuses Estrella Blanca.

El salvamento para el consorcio Estrella Blanca implicó un monto de mil 489.42 millones de pesos. El subcomité aseguró que la restructuración de Estrella Blanca «se basó en que los bancos con garantías conservaran 90 por ciento de su pasivo en deuda sostenible y 10 por ciento en convertible, mientras que los bancos cuyo débito se encuentre en préstamos quirografarios se quedarían con 100 por ciento de su adeudo en el segmento convertible. Lo anterior resulta positivo, dado que este esquema sigue los parámetros definidos en otras restructuras, permitiendo concentrar en un banco la mayor parte de la deuda convertible».

Los bancos involucrados en esta operación son: Cremi, Banpaís, Banamex, Bilbao Vizcaya, Obrero, Inverlat, Santander Mexicano, Bancomer, Unión, Industrial, Serfin, Sureste y Bital.

Los créditos originalmente concedidos ascendieron a 6 mil 359.4 millones de pesos, de los que el sistema Estrella Blanca pagó, en 1997, 781.8 millones, repartidos entre las instituciones acreedoras.

De acuerdo con las actas del subcomité, el costo para el Fobaproa fue de 5 mil 767.6 millones de pesos, es decir, 90.69 por ciento del monto involucrado.

No hay que olvidar que Raymundo Gómez Flores fue dueño de Banca Cremi -institución que, dentro del paquete de los créditos mencionados, aportó 31.94 por ciento del total- y socio de Carlos Cabal Peniche, por lo que no resulta raro mencionar que Banco Unión le concedió financiamientos por 66.1 millones.

Para el registro, Gómez Flores también encabeza el Grupo Minsa, en el que comparte intereses, entre otros, con Ramón Beteta de Cou, Luis Germán Cárcoba García (ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial), Guillermo Martínez Güitrón -otro de los beneficiarios del Fobaproa, con el rescate de Sidek-, Francisco Mayorga Castañeda, Antonio Mijares Ricci, José Manuel Vázquez Aldana y Juan Gallardo Costa.

Persiste la retórica privatizadora como justificación

Carlos Fernández-Vega * Una vez desatada la fiebre privatizadora en el país, el discurso oficial no se ha modificado un milímetro, cuando la intención es justificar y sustentar la decisión gubernamental de desmantelar el aparato productivo del Estado.

Desde hace tres sexenios, la retórica privatizadora del gobierno nos nutre con el mismo cántico. ƑCuál es el objetivo de vender masivamente las empresas paraestatales?: «liberar recursos públicos para atender las demandas sociales de la población»; «canalizar adecuadamente los escasos recursos del sector público en las áreas estratégicas y prioritarias»; «concentrar la atención del Estado en la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la población», y «eliminar gastos y subsidios no justificables, ni desde el punto de vista social ni del económico».

A la vuelta de la historia inmediata, y con más de 40 millones de mexicanos hundidos en la pobreza y la miseria, cabría preguntarse si, por ejemplo, el Fobaproa es sinónimo de «liberación de recursos públicos para atender las demandas sociales de la población»; o si el rescate carretero, la ostentosa reducción de los presupuestos educativos, la mínima generación de empleos o la vergonzosa concentración del ingreso en el país son, todos, resultado de la voluntad expresa del gobierno de reducir la elevadísima deuda social.

La presunta insuficiencia de recursos públicos para atender las urgencias sociales se ha transformado en plenitud si hay que solventar los descalabros y malversaciones del grupo compacto, los barones del dinero, en el contexto de una estrecha alianza que incluye generosos financiamientos a las campañas políticas priístas.

A cambio, las empresas, la economía, el erario, el país.

Grupo Arzac: Se integra con las empresas Grupo Industrial NKS, Clemex, Arzac, Nutrimex, Promotora de Empresas Arzac e Industrial Electrónica Barik. El consorcio comercializa equipos y partes para la industria aeronáutica, alimenticia, de la construcción, minera, petroquímica, metalmecánica y fabricación de partes para la industria.

Las empresas NKS y Clemex eran propiedad de la nación, privatizadas en el gobierno salinista (el banco agente fue Serfin). Los ganadores de la «licitación» fueron Pedro Arizpe Carreón y los hermanos Ricardo y Marcelo Margain Berlanga, compradores -los dos últimos- del Banco de Oriente (Banorie), en el que fungieron como presidente y vicepresidente del consejo de administración; además son dueños de la Casa de Cambio Divisas Margen y accionistas de Seguros La Continental.

En la sesión número 4 (12 de junio de 1997), se expuso que en 1991 el Banco de Oriente (en ese entonces con los Margain Berlanga a la cabeza) «otorgó créditos a las primeras cuatro empresas mencionadas (NKS, Clemex -adquiridas por esos hermanos-, Arzac y Nutrimex) mediante operaciones transitorias documentadas como préstamos quirografarios, los cuales fueron renovados, capitalizados e incrementados con nuevos recursos».

El subcomité se encontró con una pequeña dificultad: el programa de capitalización del Grupo Arzac «no surtió efecto, debido a que en junio de 1996 (cuatro años después de su privatización) fuimos informados que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía promovidos juicios para rescindir la operación de venta de las acciones de la empresa NKS (85.9 por ciento de su capital social), motivados por un adeudo que asciende a 152 millones de pesos, aproximadamente, debido a que no se le pagó la totalidad del precio convenido en la desincorporación, quedando como pena convencional la cantidad de 70.8 millones de pesos, la cual recibió como anticipo por la compra de NKS».

En el caso de Clemex, «los adquirientes tienen un adeudo de 8 millones de pesos con el gobierno federal, quien inició el proceso de embargo; adicionalmente, el terreno sobre el que se encuentra la planta es arrendado por Fondepor y existe demanda por incumplimiento en el pago de rentas atrasadas por dos años».

A pesar de ello, el subcomité sentenció: «para que se pueda realizar la capitalización, una vez más se emprendieron negociaciones con los deudores y la SHCP, con objeto de que Banorie adquiera los derechos litigiosos para sumarlos a los adeudos que tienen estas empresas. La dependencia accedió a la venta de estos derechos por el equivalente a 160 millones de pesos, cantidad que incluye los saldos pendientes más intereses moratorios. Banorie propuso pagar sólo 60 millones de pesos; esta oferta se encuentra en evaluación por parte de la Tesorería de la Federación», a cargo de Jonathan Davis Arzac.

En un «memorándum de entendimiento» firmado por las partes involucradas, se incluyó lo siguiente: «reconocimiento de adeudos de las empresas del Grupo Arzac por NKS y Clemex debido al valor que tienen estas empresas, las cuales fueron valuadas por AINSA en 252 millones de dólares; Banco de Oriente realizará la capitalización de ciento por ciento de los adeudos de estas empresas, que implicará detentar por lo menos 80 por ciento del capital social de NKS y Clemex; a partir de la firma del memorándum de entendimiento corre un plazo máximo de 90 días naturales para la realización del acuerdo de capitalización, existiendo la posibilidad de que las empresas paguen a Banorie en ese lapso el total de los pasivos contratados; (la) evaluación de cartera y auditoría legal (será) determinada por el banco a través de la conciliación de saldos, análisis y verificación de garantías, así como de una completa auditoría legal corporativa; (el) interventor será designado por el banco (Banorie), contando con amplísimas facultades en la administración y supervisión de estas empresas; por lo antes expuesto, se recomienda continuar con las negociaciones ante la SHCP, a efecto de concluir con la capitalización. Se considera que el precio de compra de los derechos litigiosos podría situarse en 118 millones de pesos, que incluye los saldos insolutos e intereses moratorios calculados a tasa de Cetes».

Al 6 de junio de 1997, el monto involucrado en los adeudos del Grupo Arzac sumaba mil 141.7 millones de pesos, de los que 685 millones correspondieron a las privatizadas, pero nunca pagadas, NKS y Clemex, adquiridas por los dueños de Banorie, que se encargó de sanearlas financieramente.

Latinlac/Evamex: Empresa de productos lácteos, cuyo principal accionista es Carlos Barrón.

En la sesión número 3 (10 de junio de 1997), se asentó en el acta que «se requieren 50 millones de pesos de capital de trabajo para apoyar la restructura de la empresa», y se explicó que «desde el inicio de las negociaciones en la UCABE se fijó como un principio el evitar la quiebra de la empresa. Para estos efectos, la restructura implica que los actuales accionistas se diluyan hasta tener sólo 10 por ciento de capital; sin embargo, existen fuertes dudas respecto del cumplimiento que tendrán los accionistas actuales, siendo el principal de ellos el señor Barrón».

Anota que «Barrón ha argumentado que el deterioro de la empresa se debe a la administración que ha llevado a cabo el interventor (del Fobaproa). Por otra parte, no hay claridad en la actuación del asesor financiero y del asesor legal, dado que en realidad les paga la empresa pero defienden los intereses del señor Barrón. Aparentemente, los accionistas buscan un enfrentamiento con el gobierno, por lo que se requiere una explicación del interventor».

Se señaló que «una solución es que el señor Barrón salga de la empresa, para lo cual es preciso capitalizar la misma, tomar el control y efectivamente llevar a cabo los cambios que se requieren», y se llegó al acuerdo de «no otorgar crédito alguno hasta en tanto se tenga certeza de que se cumplirá con los términos de la restructura a la que se llegó en la Unidad para el Acuerdo Bancario Empresarial, y en la que se acordó la capitalización de los adeudos y la consecuente toma de control de la empresa».

En la sesión número 5 (17 de junio de 1997), el director de Activos Corporativos, Alberto Mulás, actualizó los «acontecimientos» en esa empresa, «destacando que Banrural ha adoptado una postura inflexible respecto a la capitalización de sus créditos. Al respecto, Eduardo Fernández (presidente de la CNBV) solicitó a Fernando Borja (director general de Banca Múltiple de la SHCP) que platique con Martín Werner (subsecretario de Hacienda), con el objeto de sensibilizar a la referida institución nacional de crédito de la importancia de alcanzar un acuerdo conveniente para todas las partes».

En la sesión número 6 (24 de junio de 1997), se mencionó que «debido a que no se justifica la entrega de recursos de la empresa por el comportamiento de sus accionistas, la solución debe ser que el Fobaproa se salga de la administración», así como el interventor nombrado por el organismo, Emilio González Andión, lo que ocurrió el 27 de junio de ese año.

En la sesión número 7 (primero de julio de 1997) el acta asienta: «la renuncia de González Andión fue positiva ya que se logró que Carlos Barrón aceptara de nuevo negociar en términos razonables, que Banrural aceptara la capitalización de sus créditos y que se iniciaran negociaciones con los ganaderos. Asimismo, (se) informó que el despacho Barrera Siqueiros y Torres Landa está preparando un proyecto para la capitalización de la empresa».

En la misma sesión, se informó que en una «reunión celebrada entre la CNBV y Fobaproa con los accionistas de Latinlac se acordó lo siguiente: Fobaproa aportará los recursos necesarios para el mantenimiento de la operación de la empresa, para lo cual se acordó: se llevará a cabo la capitalización por parte de todos los bancos, lo que quedará plasmado en un acuerdo; los accionistas mantendrán sólo los derechos de minorías correspondientes a 10 por ciento del valor de sus acciones; con esto queda eliminado el derecho de veto para la venta plasmado en los acuerdos de diciembre y mantendrán en los órganos de administración sólo los asientos que le correspondan; Fobaproa se compromete a escuchar los consejos a Carlos Barrón (sic) y a no hacer capitalizaciones tendientes a diluirlos exclusivamente; de el momento de la firma hasta el que se lleve a cabo la capitalización, se llevará la administración como si ya estuviera capitalizado; mientras se firma el acuerdo de capitalización, ellos llevarán la operación de la empresa para que no sea tierra de nadie; todos los bancos se comprometen a firmar la capitalización, incluyendo Banrural».

En la sesión número 8 (15 de julio de 1997), «se explicó que debido al deterioro de la empresa durante las últimas semanas, agravado por el periodo de vacaciones, se requiere una línea de crédito de emergencia por 45 millones de pesos, que se usaría sólo en caso de ser necesario», y que «debido al inicio de la temporada baja en el consumo de lácteos, se espera que los flujos de la empresa sean negativos durante los próximos meses; asimismo, se dijo que Emilio González Andión (que renunció el 27 de junio) entrará a la administración de la empresa con el apoyo de Santiago Castro; se explicó que Castro fue director de Bimbo y de Nestlé, es conocedor de empresas como Latinlac, por lo que contratación sería muy benéfica».

La sesión siguiente, número 9 (22 de julio de 1997), se informó que Banrural «ya firmó» una nueva línea de crédito en favor de Latinlac, con lo que Banca Cremi habría tomado para sí los 75 millones de pesos del crédito liberado (120 millones).

Con lo anterior, la estructura accionaria de Latinlac/Evamex quedó de la siguiente manera: Fobaproa, 49 por ciento; Banrural, 40 por ciento; Unión Ganadera de Jalisco, 2 por ciento y Carlos Barrón y otros, 9 por ciento.

Bancos involucrados: Cremi, Banpaís y Serfin (banco agente).

El Subcomité de Recuperación propuso: «previo a la capitalización se solicita autorización para restructurar los créditos puente preferentes nuevos, otorgados por Banca Cremi y Banpaís, a fin de que quede como la única deuda bancaria del grupo al momento de su venta». En el caso de Cremi la deuda ascendía a 206 millones de pesos y en el de Banpaís a 246 millones.

Independientemente de lo anterior, el Fobaproa se declara por atender la necesidad crediticia de Latinlac/Evamex por otros 120 millones de pesos, «a fin de consolidar su operación y preparar la empresa para su venta». Con ello, «la empresa tendría la liquidez suficiente para hacer a sus pasivos prioritarios con proveedores obteniendo descuentos importantes por pronto pago, además de hacer frente a la demanda de producto. De este crédito se utilizarían 70 millones para hacer frente a las negociaciones que han realizado la empresa y el banco agente (Serfin) con distintos acreedores, así como con los grupos ganaderos, y poner al corriente los convenios celebrados con la SHCP. Los 50 millones restantes representan el capital requerido para operar los volúmenes de producción y venta de la misma empresa».

Créditos irregulares y una advertencia desatendida

Carlos Fernández-Vega * En la sesión número 18 (25 de noviembre de 1997), el ex prosecretario del Subcomité de Recuperación del Fobaproa, Alvaro Ayala, advirtió: «gran parte de los créditos tiene problemas de origen; traen deficiencias desde la forma en que originalmente fueron otorgados; los créditos están mal constituidos en cuanto a su formalización documental, las garantías no están debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad, no existe seguimiento a la aplicación y destino de los créditos ni a su desempeño»

E insistió: «existen responsabilidades inclusive de carácter penal de los funcionarios de los bancos, por lo que el recibir daciones en pago les permite limpiar el problema de los créditos mal otorgados, razón por la que hasta llegan a promover dichas daciones los propios bancos».

Y subrayó: «las daciones en pago, en muchos casos, constituyen una fuente de corrupción, dado que los bancos aceptan daciones a valores muy elevados de los bienes con respecto a su valor de mercado, de forma tal que se elimina el adeudo del acreditado y lo convierte nuevamente en sujeto de crédito, recibiendo inclusive nuevos préstamos, lo cual se hace en combinación con los funcionarios bancarios».

Ayala tardó más tiempo en emitir esa advertencia que el resto de los integrantes del subcomité en soslayarla.

Aeroejecutivo (Aeroexo): La encabeza Alejandro Morales Mega, presidente del consejo de administración de la Casa de Bolsa Arka, de la Arrendadora Arka y accionista e integrante del consejo de administración de Bancrecer, que presidía Roberto Alcántara Rojas.

La empresa reportó un adeudo de 195 millones de dólares (Bancrecer, 60 millones; Banpaís, 110 millones -monto que incluye préstamos personales a favor de Morales Mega- y Arrendadora Arka, 25 millones).

No hay reporte de si el subcomité estaba enterado de que Morales Mega pertenecía al consejo de administración de Bancrecer, banco que le otorgó uno de los créditos en conflicto, y de la Casa de Bolsa Arka, propietaria de la Arrendadora Arka, que le concedió otro: 85 millones de dólares en total.

Lo que sí registró fue el problema de Aeroexo, abordado por el subcomité en la sesión número 9 (22 de julio de 1997), durante la cual se expuso que Bancrecer «opina que se debería aceptar el contrato de transacción (con la línea aérea), tomando en pago los aviones, con los que recuperaría 40 por ciento de su adeudo, mientras que Banpaís sólo 8 por ciento y Arka Arrendadora 58 por ciento, para una recuperación global de 22 por ciento. Con esta opción se otorgaría un finiquito a los señores Morales Mega».

Aeroexo contaba con una flota de 16 aviones B-727 viejos, de los que dos no estaban en condiciones de aeronavegabilidad, siete en servicio y otros siete en tierra por mantenimiento. Los hangares donde se resguardaban y reparaban eran rentados, no eran propiedad de la empresa. La flotilla no valía más de 35 millones de dólares, contra un adeudo de 195 millones, de tal suerte que «en caso de tomar los aviones en pago se recuperaría en promedio 22 centavos por cada dólar de deuda, entre todos los acreedores». Además, «Aeroexo no tiene destinos exclusivos, por lo que el valor de sus rutas es nulo; no es factible traspasar los aviones a Aeroméxico o Mexicana (de Aviación), dado que les aumentaría el porcentaje de equipo etapa dos, les aumentaría la edad promedio de la flota y les encarecería la operación».

Ello no fue suficiente: las aeronaves se ofrecieron como garantía y los bancos las aceptaron. Banpaís otorgó un crédito a la aerolínea y otro empréstito personal a Morales Mega. Ambos fueron incorporados a las negociaciones entre deudor, banca y Fobaproa.

En dicha sesión se presentaron las «principales alternativas» para salir del paso: «dación en pago de los aviones y constitución de una nueva empresa que continúe prestando el servicio -implica la inyección de recursos frescos para la nueva empresa y mantener de socios a los actuales accionistas-; quiebra de la empresa con el consecuente financiamiento de responsabilidades penales para los administradores y accionistas -recuperar una parte del adeudo por la adjudicación y repartición de los bienes, tomando a la vez el quebranto de la parte no cubierta-; intervención a la caja -administrar el flujo, lo que requiere de un plan de factibilidad de la empresa-; toma de la administración -disponer de información operativa y financiera confiable; sin embargo, requiere de recursos frescos-; demanda penal -presión sobre los principales (socios), logrando acción penal que permita apoyar la toma de la administración de la empresa; puede ocasionar imposibilidad de negociación-; celebrar un contrato de transacción, recibiendo en pago los aviones y otorgando un finiquito a los administradores y accionistas -se recuperarían 18 centavos de cada dólar y se pierde el derecho a proseguir las acciones penales-; abandono de la empresa en favor de sus acreedores -lleva a la quiebra convencional (acuerdo unánime), no obstante, eso implica la necesidad de que todos los acreedores estén de acuerdo, lo que puede tomar tiempo o no obtenerse-; remate judicial para adjudicarse los bienes que se tienen en garantía -implica que la empresa se deje ganar los juicios actuales, de forma que los bancos se adjudiquen los bienes sin el riesgo de que otros acreedores se inconformen; este es un proceso rápido que permite tomar los bienes y decidir si es que se quiere continuar con un proceso de quiebra o reiniciar la operación; no se pierde el derecho a proseguir con las acciones penales».

Los acreedores también expusieron: «Bancrecer: como banco agente opina que se debería optar por la alternativa del contrato de transacción, recuperando los 22 centavos por cada dólar y otorgando un finiquito a los actuales accionistas; dado que este banco tiene en garantía seis aviones en servicio, dos en tierra y uno canibalizado, posiblemente podría alcanzar a recuperar alrededor de 24 millones de dólares, es decir, 40 por ciento de su adeudo de 60 millones de dólares. Banpaís: no comparte esta posición, dado que con sus cinco aviones en tierra y uno canibalizado podría alcanzar una recuperación de alrededor de 7.5 millones de dólares (8 por ciento), la posición de este banco es que se actúe por la vía legal, según lo recomienden sus abogados. Arka Arrendadora: podría alcanzar una recuperación de 58 por ciento, dado que su único avión se encuentra en servicio. La posición de la arrendadora es adherirse a la decisión final de la mayoría, por un lado, por su posición minoritaria, y por otro, para evitar un conflicto de intereses por tratarse de un accionista común (Morales Mega)».

El acta de la sesión número 9 anota que «los Morales Mega han estado dispuestos a llegar a un arreglo. Por tal razón es que entre las alternativas se encuentran varias que requieren de su consentimiento. Su disposición se basa en su interés por erradicar las demandas penales.

«Diferentes opiniones de funcionarios de los bancos ubicados en Monterrey coinciden en un posible desvío de fondos de la empresa, generándose así la incapacidad de pago de la misma.

«En caso de que no se les conceda un finiquito en lo legal, difícilmente se obtendrá su cooperación, por lo que será preciso que las acciones que se emprendan sean sin su conocimiento.

«Se recomienda ejercer las demandas penales que se tienen e iniciar otras que en diferentes ocasiones se ha comentado por parte de los jurídicos de los bancos que existen o que pueden existir, de forma que se tenga una herramienta de presión no sólo para adjudicarse de inmediato todos los bienes que se tienen en garantía, sino tratar de encontrar fuentes adicionales de pago, dado que la recuperación para Fobaproa del 22 por ciento del adeudo no es suficiente».

El subcomité, finalmente, acordó «buscar que los aviones efectivamente sean recuperados por los bancos, procurando obtener una orden judicial para que la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes prohíba los vuelos al extranjero de los aviones de Aeroexo, con la finalidad de arraigar las aeronaves en el país.

«Una vez adjudicados los bienes, Aeroexo muy posiblemente tendrá que ser declarada en quiebra, por lo que habría que tratar de que sea fraudulenta para obligar a los accionistas a que paguen el adeudo restante».

Morales Mega recuperó parcialmente -vía Bancrecer y Arrendadora Arka- el dinero que el subcomité obtuvo por Aeroexo, al adjudicar los bienes a las instituciones financieras en las que es accionista

Multivalores Arrendadora: Pertenece a Multiva, Grupo Financiero, encabezado por Hugo Villa Manzo, quien obtuvo autorización de la SHCP para operar como grupo financiero el 11 de diciembre de 1991. Controla Bancen, ocho sociedades de inversión, Multiva Arrendadora, Multivalores Casa de Bolsa, Multiva Casa de Cambio y Multiva Factoring.

En Bancen, junto con Villa Manzo, presidente el consejo de administración, partipaban, entre otros, José Garciarce Ramírez -hermano de Abelardo, otro de los beneficiarios del Fobaproa-; Salvador Ibarra Alvarez del Castillo; José Abed Rouane (beneficiario de los favores del subcomité en el salvamento del Hotel Aristos, del que es presidente del consejo de administración); José Luis Ballesteros Franco (una de las cabezas del superrescatado Grupo Mexicano de Desarrollo, sus carreteras, Synkro y sus créditos personales); Jaime Lares Rangel y Emilio Burillo Azcárraga, familiar del desaparecido Tigre de Chapultepec 18.

El asunto de esta subsidiaria del grupo financiero se incorporó a la agenda del subcomité desde -cuando menos- el 15 de noviembre de 1996.

En la sesión número 8 (5 de julio de 1997), se abordó el caso de Multivalores Arrendadora, cuyas cabezas visibles son Villa Manzo, Luis Felipe Cervantes Coste y José Luis Infanzón Gutiérrez, compradores originales del Banco del Centro (Bancen) e involucrados en otros salvamentos del Fobaproa, como en el caso del propio banco; el Grupo Privado de Inversiones México -GPI- y el Grupo Privado de Inversiones de Monterrey, junto con Desarrollo de Proyectos de Nuevo León, y los hermanos Jaime y José Luis Lares Rangel. Estos hermanos se abonaron al Fobaproa, que asumió 409.2 millones de un total de 497.1 millones de pesos que tenían en adeudos con Banpaís, Bancen, Promex, Banorte, Bancomer, Banoro, Bilbao Vizcaya, Serfin, Confía, Industrial, Banorie y Cremi

De hecho, en la sesión número 13 (10 de septiembre de 1997), el subcomité reconoció que en los casos de GPI México y GPI Monterrey los créditos que recibieron «fueron autopréstamos provenientes del Bancen, dado que los accionistas de este grupo también lo eran de dicha institución. Debido al origen de estos créditos y al apoyo que se les ha brindado a los accionistas de este grupo en lo relativo a Multivalores Arrendadora y Multiva Casa de Bolsa, se concluyó que los créditos de Grupo Promotor de Inversiones México y Grupo Promotor de Inversiones Monterrey deben pagarse en su totalidad».

Añade el acta que «Eduardo Fernández (presidente de la CNBV) le solicitó al contador público Mario Hernández que hable con el señor Hugo Villa (Manzo) para hacer de su conocimiento esta decisión y que el cumplimiento de la misma es una condición para el arreglo de la Arrendadora (Multivalores) y Multiva Casa de Bolsa. De no aceptar la condición del pago de la totalidad del adeudo de GPI, se debería estudiar la posibilidad de ejercer acción penal contra los socios de GPI que se beneficiaron en su momento con los autopréstamos señalados».

Pero el subcomité reculó. En la sesión número 15 (7 de octubre de 1997), los integrantes de esa instancia llegaron al siguiente acuerdo:

El acta indica que «Alberto Mulás (director de Activos Corporativos del Fobaproa) presentó una nota informativa sobre el avance de este caso (Grupo Promotor de Inversiones), así como la opinión del contador Mario Hernández, quien en apego al acuerdo respectivo de la sesión 13 del subcomité se reunió con el señor Javier Valadez (no identificado en el documento) y después de discutir con él el pago total de este grupo, señaló que en realidad el retraso en la instrumentación de la operación no ha sido imputable a los deudores, por lo que en la actualización del saldo se les están acumulando intereses que no les corresponden».

Anota también que «en lo que se refiere al acuerdo de la sesión 13 que indicaba que la reestructura de Multivalores Arrendadora y cualquier arreglo para Multiva Casa de Bolsa tendrá como condición el previo pago de los créditos señalados (los autopréstamos del Bancen), deja de tener efecto, modificándose para permitir que continúe el perfeccionamiento de la restructura aprobada con Multivalores Arrendadora».

Así, el acuerdo del subcomité fue: «que los accionistas de Grupo Promotor de Inversiones de México y Monterrey paguen los créditos relacionados con sus intereses, hasta la fecha en la que se considere que el tiempo transcurrido dejó de ser imputable a ellos. De esa forma, negociar con ellos nuevamente y presentar una solución global».

La operación involucró un monto de 533.9 millones de pesos, y a los bancos Bancen (es decir, Hugo Villa Manzo y colegas) -con créditos en pesos y dólares-, Capital, Serfin, Confía, Banorte y Promex.

Reacción tardía ante las deficiencias del rescate

Carlos Fernández-Vega n Años después de que el Fobaproa diera rienda suelta al rescate de bancos y megaempresas (y, desde luego, de sus propietarios), y casi dos meses antes de que el presidente Zedillo difundiera su intención de convertir en deuda pública la cartera del Fondo, los funcionarios del Subcomité de Recuperación habrían registrado, tardíamente, que algo fallaba en el mecanismo de salvamento.

En la sesión 23 (3 de febrero de 1998), el director general del Fobaproa, Javier Arrigunaga, tal vez enterado de la decisión presidencial -y, por ende, de la urgencia de darle coherencia y maquillaje a las decisiones asumidas-, advertía a sus correligionarios en el seno del Subcomité de la fragilidad de la situación.

Ante el presidente y el contralor general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández y Mario Hernández Reyes, respectivamente, del subsecretario de Hacienda, Martín Werner, el vicegobernador del Banco de México, Guillermo Güemez García, y de los directores generales de Banca Múltiple y de Crédito de la SHCP, Fernando Borja Mújica y Carlos García Moreno, Arrigunaga advirtió:

»Es la primera vez (1998) que se realiza una auditoría para verificar que la información proporcionada por los bancos al Fondo existe realmente; el problema radica en los fideicomisos Fobaproa, ya que los bancos no están entregando información mensual y los estados financieros que proporcionan carecen de las firmas de los funcionarios competentes».

Como si los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nunca hubieran participado en la toma de decisiones, Arrigunaga dio a conocer que »el Fondo enviará una carta a la CNBV, para que ésta solicite a los bancos que participaron con el Fobaproa en el esquema de flujos de cartera la información sobre los estados financieros de los respectivos fideicomisos».

El acta de dicha sesión advierte: »después de diversos comentarios, los miembros del Subcomité de Recuperación se dieron por enterados del reporte».

Hoy, el argumento de las autoridades gubernamentales para negar la información sobre los fideicomisos del Fobaproa es, simple y llanamente, que es necesario »proteger el secreto bancario».

Concesionaria de Agua de Aguascalientes (CAASA): Empresa fundada en noviembre de 1993, mediante la unión de Grupo ICA -Ingenieros Civiles Asociados- (55 por ciento de las acciones) y Generale Des Eaux (45 por ciento), dedicada a la operación y mantenimiento de redes de alcantarillado y agua potable.

En 1997, el consejo de administración de ICA lo presidía Bernardo Quintana Isaac -también consejero del Grupo cementero Cemex-. Algunos de los vocales propietarios de la megaempresa constructora eran Jorge Borja Navarrete, Emilio Carrillo Gamboa, Alberto Escofet Artigas (ex director de la Comisión Federal de Electricidad), José Luis Guerrero Alvarez, Roberto Hernández Ramírez (presidente del consejo de administración de Banamex), Federico Martínez Salas, Sergio F. Montaño León, Héctor S. Ovalle Favela, Carlos Slim Helú (Banco y Casa de Bolsa Inbursa, Grupo Carso y Telmex) y Lorenzo H. Zambrano Treviño (cabeza de Cemex).

El caso fue presentado al Subcomité de Recuperación en la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997), aunque Fobaproa se hizo cargo del empréstito -otorgado originalmente por Banco Santander Mexicano- en septiembre de 1996.

En el acta respectiva se anota: »Eduardo Fernández (presidente de la CNBV) preguntó cuál era el apalancamiento de la empresa desde su creación, explicándole que originalmente tuvo un capital de 35 millones de pesos y créditos por 107 millones de pesos: además, nunca se contó con avales ni garantías ni por parte de la empresa controladora, ni por parte de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), quien es uno de los socios principales».

También »se explicó que la propuesta de pago que ofrecen es muy baja, por lo que se les dijo que no es aceptable, lo que ha ocasionado molestia por parte de Ingenieros Civiles Asociados. Eduardo Fernández preguntó en qué consistía su molestia, por lo que se le explicó que ICA requería de un descuento importante con objeto de lograr la tasa interna de retorno que habían establecido originalmente como su objetivo y en caso de no lograr ese descuento, su rentabilidad sería inferior a lo que esperaban».

Se dio lectura a los siguientes párrafos de un documento, que resume la posición de ICA:

»3.- El 17 de diciembre se le presentó la resolución tomada a la empresa, que a su vez contesta en un comunicado posterior lo siguiente:

»a) Ratifican la propuesta inicialmente presentada, en virtud de que ésta marcaba el límite mínimo de rentabilidad que los socios de la concesionaria (ICA) están dispuestos a asumir para permanecer en el proyecto y, por lo tanto,

»b) Entendemos que los eventuales apoyos que pudiera merecer el proyecto, posiblemente trascienden el campo de decisión del banco o del Fobaproa, por lo cual nos acogemos a los criterios que en su caso determine la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público».

El acta de la sesión también señala que »el licenciado José Manuel Guillermo (no identificado) explicó que se llevó a cabo un análisis financiero de la empresa, encontrándose que la misma tiene capacidad para mantener una deuda sostenible de 158 millones de pesos y el valor presente neto de la empresa es positivo, por lo que deben reconocer el adeudo completo, en todo caso, eliminando únicamente los intereses correspondientes al copete moratorio».

El Subcomité tomó el siguiente acuerdo: »independientemente de que la empresa contacte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o alguna otra instancia, se proceda a demandar a la misma, exigiendo el pago completo sin ninguna disminución al monto de la deuda sostenible de 158 millones de pesos. Lo anterior sin perjuicio de que continúen las negociaciones».

Sin embargo, de acuerdo con el Fobaproa, la empresa logró un acuerdo de finiquito con Nacional Financiera, consistente en una quita de 50 por ciento de intereses moratorios y 50 por ciento de intereses a tasa corrida, con lo que recupera (sin considerar moratorios) 79 por ciento.

Los créditos originales fueron por 44.2 millones de pesos, en el caso de Banco Santander Mexicano -que encabeza el actual presidente de la Asociación de Banqueros de México, Carlos Gómez y Gómez-, y 35.3 millones en el de Nacional Financiera (Nafin). En septiembre de 1997 -un año después de que el Fobaproa compró a BSM los empréstitos- los adeudos habían llegado a niveles de 230.88 y 99.97 millones, respectivamente, de 330.85 millones.

ICA, junto con Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), de la familia Ballesteros, y Triturados Basálticos (Tribasa), de la familia Peñaloza-Hank, fue una de las empresas más beneficiadas en el salinato con las concesiones carreteras y, desde luego, del rescate carretero puesto en marcha por el gobierno del presidente Zedillo, el cual a la fecha implica un costo de 80 mil millones de pesos, todos ellos a cargo del erario público.

Entre las subsidiarias y asociadas de ICA se cuentan Constructoras ICA, Concesionarias ICA, ICATECH Corporation, Inmobiliaria Impulsora Rain, Grupo Ferroviario Mexicano, ICA Reichman e Inmobiliaria Reichman. Asimismo, Sactún (exportación de piedra caliza), IH Querétaro, Veracruz y Tampico (fabricación de bienes de capital), Oprisa (operadora de estacionamientos, entre ellos los del monumento a la Madre, Radisson, Plaza Bellas Artes, Plaza Libertad y Plaza Garibaldi), SAPSA (administración y control de servicios de agua potable), empresas de relleno sanitario y la construcción, conservación y explotación de la autopista Caracas-La Guaira, en Venezuela.

Cementos Cruz Azul: Los créditos de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul fueron adquiridos, al cien por ciento, por el Fobaproa al Banco Santander Mexicano, y después vendidos a esa misma institución, con la salvedad que el consorcio bancario que encabeza Carlos Gómez y Gómez -presidente de la Asociación de Banqueros de México- recibió una comisión por recomprar ese adeudo.

La adquisición de cartera que Fobaproa hizo al Banco Santander Mexicano, se llevó a cabo en forma de paquete . El Subcomité acordó con el BSM que éste tendría derecho a percibir una comisión de 5 por ciento sobre la recuperación de los créditos, que sumaron 110 millones de dólares.

Así, el Banco Santander propuso al Fobaproa readquirir la cartera que previamente vendió al Fondo. Los representantes de la institución financiera se refirieron, específicamente, a un empréstito por 58 millones de dólares.

De acuerdo con el Subcomité, »este es un crédito que se considera muy atractivo, debido a que está al corriente y la calidad crediticia del deudor se considera muy buena. Por esta razón, se estima que el valor del crédito es de al menos el 100 por ciento».

La compra del empréstito por parte del BSM »tiene el atractivo adicional de que al vender el crédito tendría que pagar a Bancomext una comisión por prepago del fondeo con un costo de 7.6 millones de dólares».

De acuerdo con los documentos del Subcomité, »la propuesta consistió en adquirir este crédito al 95 por ciento de su valor, que sería el monto que el Fobaproa recibiría si hoy se prepagara el crédito, es decir, el monto total del crédito menos la comisión de recuperación de 5 por ciento».

En la sesión número 4 (12 de junio de 1997), el Subcomité aceptó »la propuesta de BSM, tratando de obtener un precio superior a 95 por ciento, siendo deseable que se alcanzara 97 por ciento. En caso de que Banco Santander no aceptara la reducción de su comisión de 5 por ciento, explorar otras alternativas de venta o de mantener el crédito».

En esta sesión, el director general del Fobaproa, Javier Arrigunaga, »mencionó que de los tres créditos, dos de ellos, que en conjunto suman 52 millones, no tienen una cláusula que contemple una pena convencional por prepago, por lo que su cobro implicaría una recuperación de 100 centavos, mientras que los 58 millones restantes sí incluyen la pena de prepago y por ello puede obtenerse el precio sugerido por el Subcomité de 97 centavos (por dólar prestado)».

Arrigunaga señaló que »se negoció con BSM un precio de recompra por los tres créditos de 96 centavos por peso, y que dicho precio fue el promedio de ofertar 95 centavos (es decir, ciento por ciento menos la comisión de cobro de BSM de 5 por ciento) por los dos créditos por 52 millones de dólares, que no tienen problema de prepago y 97 centavos por el crédito de 58 millones».

Después de diversos comentarios de los miembros del Subcomité, se llegó al siguiente acuerdo: »se procede a vender a BSM los tres créditos que en conjunto suman 110 millones de dólares a un precio promedio de 96 por ciento del saldo total de los créditos referidos», con lo que el banco de Carlos Gómez y Gómez se embolsó, luego de ser rescatado del crédito de Cruz Azul, 4.4 millones de dólares.

Grupo Jorisa: El principal accionista es José Luis Rión Santistéban, socio en Banpaís de Angel Isidoro Rodríguez, El Divino, e integrante del consejo de administración de la Casa de Bolsa Bursamex. La empresa Financiera Independencia forma parte del Grupo Jorisa.

El asunto fue tratado en la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997). Los bancos involucrados en la operación fueron Banpaís, Santander Mexicano, Unión, Bancen y Sureste. El monto involucrado, 83.9 millones de dólares, que con intereses ordinarios y moratorios creció hasta 119.9 millones de dólares.

En dicha suma se incluye la cantidad correspondiente a préstamos personales para José Luis Rión Santistéban: 5.8 millones de dólares; con intereses la suma se elevó a 9.9 millones.

Al Grupo Jorisa se le concedieron créditos por 22.3 millones de dólares y con intereses llegaron a 37.6 millones. Además, la Impulsora Corporativa de Inmuebles, también propiedad de Rión Santistéban, obtuvo 55.8 millones de dólares, que con intereses llegaron a 72.3 millones. En el asunto Jorisa, Fobaproa participó en todo al 100 por ciento.

En un círculo vicioso inagotable, los préstamos personales para Rión Santistéban contaron con el aval de Jorisa; los de Jorisa con el de Rión Santistéban y los de Impulsora Corporativa de Inmuebles con el de Rión Santistéban y Jorisa

En la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997), se abordó el problema de Jorisa, »comentando que, básicamente, lo que se está buscando es definir si el caso se continúa analizando en la Dirección de Activos Corporativos (del Fobaproa, a cargo de Alberto Mulás) o lo hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a nivel de la Vicepresidencia Jurídica (a cargo de Pedro Zamora), dado que en esa dependencia han realizado gestiones en relación con este caso, es decir, el objetivo principal es el de evitar la posibilidad de seguir caminos opuestos».

Al respecto, Eduardo Fernández, presidente de la CNBV, »expresó que lo más importante es que exista alguien que se dedique a revisar toda la situación crediticia en cada banco. Se le informó a Fernández que la Dirección de Activos Corporativos desconoce la situación que guarda el deudor con respecto a Banco Unión».

Eduardo Fernández »pidió que Raymundo Vázquez (Dirección Jurídica del Fobaproa) revise con Pedro Zamora y con Gustavo Escalante (Banco Unión) el estado que guarda la situación jurídica del deudor (Jorisa-Rión Santistéban) y Fernández Margáin (no identificado) revise con Banco Unión la parte crediticia».

Ese fue el acuerdo del Subcomité, »incluyendo cada una de sus empresas actualmente en operación, así como aquellas que ya no estuvieran operando pero que formaron parte del grupo como la Financiera Independencia y la del principal accionista de las mismas, José Luis Santistéban. Una vez que se tenga el panorama completo en los aspectos jurídico y crediticio de este grupo, volver a presentar el caso al Subcomité de Recuperación». La mayoría de los créditos otorgados a Jorisa-Rión Santistéban, no fueron respaldados con garantías.

El rescate, equivalente a 170 años de deuda externa

Carlos Fernández-Vega n En el periodo comprendido entre febrero de 1995 y junio de 1999, el rescate y salvamento bancario aplicado por el Fobaproa, le ha costado a la nación el equivalente a casi 170 años de endeudamiento público externo (1830-1999), periodo en el cual los distintos gobiernos nacionales (liberales y conservadores, imperiales y dictatoriales, revolucionarios, modernizadores y neoliberales) acumularon una deuda externa cercana a los 85 mil millones de dólares.

Hasta marzo de 1998, la mayoría de los mexicanos mortales sólo veían en el Fobaproa una sigla más. Hoy, el organismo está en el centro del debate político, con miras a la sucesión presidencial del año 2000. Al mismo tiempo, genera un creciente y explosivo grito de ya basta, ante el saqueo institucionalizado que por décadas, y en contubernio con el poder político, han practicado los llamados barones del dinero.

Resulta obvio que a lo largo de la historia reciente de México las innumerables advertencias no han sido tomadas en cuenta por las distintas administraciones gubernamentales. De hecho, los que en 1982 aplaudieron -catárticos- a José López Portillo por expropiar la banca, en 1990 ovacionaron a Carlos Salinas de Gortari por reprivatizarla. Hoy, en el sexenio del bienestar para la familia, gritan y acusan de traidores a todos aquellos que cuestionan la viabilidad y legalidad del Fobaproa, y sus maravillosos resultados.

El primero de septiembre de 1982, José López Portillo concluía su sexto Informe de Gobierno subrayando: »Puedo afirmar que en unos cuantos, recientes años, ha sido un grupo de mexicanos, sean los que fueren, en uso, cierto es, de derechos y libertades, pero encabezados, aconsejados y apoyados por los bancos privados, el que ha sacado más dinero del país que los imperios que nos han explotado desde el principio de nuestra historia».

Pero las advertencias no tuvieron eco. En 1990, ocho años después de la expropiación, el salinato les limpió la casa, de nueva cuenta. Con ello, los ex banqueros y sus nuevos asociados, los bolsistas, volvieron a la cueva original, pero con una ambición mayor.

El capital financiero califica esas advertencias de simples cursilerías nacionalistas y las remite a la novela rosa. Pragmático que es, ese capital financiero no ha quedado satisfecho con succionar cuantiosos y crecientes recursos públicos que han sido desviados de su ruta natural: paliar la exorbitante deuda social. Sus representantes quieren, exigen cada día más y se sienten con ese derecho…

En el ciclo perpetuo de la crisis mexicana (a partir de 1976), los barones del dinero han sacado raja de la desgracia y el hambre de millones de mexicanos, exigiendo ser los primeros -en los hechos, los únicos- en obtener recursos, atención y salvamento.

Grupo K2: Propiedad de Abel Vázquez Raña. Junto con sus hermanos Olegario y Mario, también son dueños de la cadena de hospitales Angeles y de las mueblerías Hermanos Vázquez, entre otras cosas.

El monto involucrado en esta operación ascendió a mil 927.16 millones de pesos, que incluye un adeudo de Vázquez Raña al fisco por 129.71 millones de pesos.

En la sesión número 15 (7 de octubre de 1997), se dijo que »Abel Vázquez Raña entregó al contralor general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Mario Hernández Reyes, una nota manuscrita en la que señala que está dispuesto a entregar todo en pago, con excepción de las marcas K2, Expoprice, Reposet y Bendix, así como la empresa Teletécnica Video, que produce comerciales de televisión».

Sin embargo, el Subcomité estimó que »estas marcas en realidad no tienen valor».

Hernández indicó que »Abel Vázquez Raña también desea conservar un inmueble ubicado en la calle de Eulalia Guzmán. El consenso de los presentes fue en el sentido de que, en todo caso, lo único que se le podría aceptar que conservara serían las marcas y la empresa de producción de comerciales, pero ningún inmueble, por lo que el de la calle Eulalia Guzmán también lo tendría que entregar».

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández García, de acuerdo con el acta referida, »dijo que sería mejor explorar la posibilidad de declarar la quiebra en vez de aceptar la propuesta (de Vázquez Raña), con objeto de no contraer las contingencias fiscales, laborales y de cualquier otro tipo que pudiera existir. Asimismo, mencionó que debería estudiarse la posibilidad de seguir un proceso de liquidación en términos de quiebra, es decir, sin que se tengan que asumir las contingencias».

El acuerdo del Subcomité fue »analizar por parte de las áreas jurídicas de la CNBV y del Fobaproa la estrategia óptima, para así proceder a la quiebra o liquidación ordenada. Para este fin, que dichas áreas jurídicas se auxilien en el proceso de un abogado externo».

Además, »durante el proceso de liquidación de la empresa, si fuera el caso, que se busque en todo momento la venta de las empresas en marcha lo más rápido posible, contando para ese fin con el apoyo de Abel Vázquez Raña por su experiencia en el medio y contratando por otra parte a un despacho que se aboque a la estrategia de venta de la empresa».

También se acordó »evitar que Abel Vázquez Raña siga comprometiendo a la empresa y que no contrate ningún pasivo adicional, ni publicidad. En caso de liquidación ordenada, Abel Vázquez Raña deberá entregar todos los inmuebles, incluyendo el que se ubica en la calle de Eulalia Guzmán. Una vez que se tenga la estrategia, que se informe al Subcomité y se le comunique al señor Abel Vázquez Raña».

Sin embargo, después de la capitalización promovida por el Fobaproa, Abel Vázquez Raña y su familia conservaron 64.36 por ciento del grupo, mientras que los bancos acreedores Unión y Banpaís se hicieron de 35.64 por ciento.

De acuerdo con los documentos del Subcomité, »el convenio no ha sido contabilizado por los bancos, debido a que se encuentra pendiente de firma por parte del señor Abel Vázquez un convenio modificatorio».

Rincón Sabroso: Empresa turística e inmobiliaria, cuyo accionista principal y presidente del Consejo de Administración es Mariano Mariscal Barroso, también propietario del Grupo Mar y la constructora Marhnos.

Rincón Sabroso es un desarrollo turístico en Huatulco, Oaxaca, que cuenta con un hotel de 120 habitaciones, 67 condominios y 55 lotes para villas. La relación accionaria, antes de la restructuración promovida por el Fobaproa, era: 42 por ciento del Fonatur, organismo gubernamental, y 58 por ciento Mariano Mariscal Barroso-Rincón Sabroso.

Los bancos involucrados en esta operación fueron Santander Mexicano (95.65 por ciento) y Bancrecer (4.35 por ciento). El monto económico involucrado: 179.65 millones de pesos, de los cuales 136.82 millones correspondieron a los riesgos asumidos por el Fobaproa.

El Subcomité de Recuperación negoció con el organismo gubernamental Fonatur, para que adquiriera el crédito del Banco Santander Mexicano y, con ello, quedarse con el control accionario de la empresa y las garantías otorgadas. El comité técnico del Fonatur aprobó la compra del crédito -en efectivo- por un total de 15.5 millones de dólares, aunque inicialmente se propuso un precio de 17.3 millones de dólares.

En la sesión número 6 (24 de junio de 1997), se dijo que »para que la operación pueda llevarse a cabo, se requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda a Fonatur, misma que de manera verbal ya se otorgó y se está en espera del oficio respectivo».

La aceptación de esta propuesta, anota el acta respectiva, »representa recuperar 84 por ciento del valor ajustado Fobaproa al 5 de junio de 1997 (para la porción de Santander Mexicano). El no concluir esta negociación representa un riesgo». Por ello, el Subcomité solicitó, y obtuvo, autorización para »aceptar la propuesta de compra de Fonatur», pues significó »una recuperación en efectivo equivalente al valor de compra, por lo que no existe quebranto».

Grupo Industrial Casa: Consorcio dedicado a la fabricación de autobuses y autopartes. Los principales accionistas: Ricardo González Cornejo (96.53 por ciento), Elisa Tijerina Castillo (3.28 por ciento) y otros (0.19 por ciento). El monto involucrado ascendió a 148.5 millones de pesos, que con intereses ordinarios y moratorios se elevó a 209.8 millones.

En la sesión número 19 (5 de diciembre de 1997), el Subcomité de Recuperación acuerda aceptar la propuesta de pago de Ricardo González Cornejo (miembro de la Comisión de Financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari), evitando con ello la quiebra de la empresa, y destaca que la recuperación por esta vía es mayor que si se emprendiera un proceso de quiebra. »Particularmente en vista de que los activos de la empresa son mayormente herramienta para el ensamble de autos y microbuses, cuyo valor es muy bajo».

De acuerdo con el acta respectiva, »el dictamen jurídico de los bancos involucrados revela que no se ha encontrado ninguna posibilidad de fincar responsabilidades penales» en contra del propietario.

Además, indica, »se termina con la cultura de no pago que tradicionalmente han seguido los accionistas de esta empresa, quienes quedarán con no más del 10 por ciento de la nueva empresa. Con lo cual se llega a un caso más de empresas que pierden la gran mayoría de su capital».

Los bancos involucrados en esta operación fueron Bancomer, Bancen, Cremi, Obrero, Banpaís, Unión, Bancrecer y Banco Nacional de Comercio Interior. Además, las empresas de factoraje Factor Multiva y Factor Margen, así como la Unión de Crédito Industrial de México.

Grupo Mexitlán: Los principales accionistas son Jaime y Julio Souza, quienes, además, fungieron como aval del consorcio en la operación, la cual involucró un monto de casi 92 millones de pesos, otorgado por Banca Promex.

El caso fue presentado al Subcomité en la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997) y el acta establece: »El licenciado Sigfrido Gunther (no identificado) explicó el caso en términos del documento que se acompaña como anexo 2, haciendo énfasis en que los avales no tienen nada a su nombre, las relaciones patrimoniales en poder de Banca Promex están mal elaboradas, los pagarés podrían considerarse nulos debido a que muestran tachaduras, los créditos originales documentados en dólares se dieron en moneda nacional y no se tienen evidencias de que se hubieran otorgado en dólares».

Además, »explicó que los accionistas están dando la totalidad de las acciones de la empresa, que incluye como sus principales activos 52 maquetas de edificios y monumentos nacionales, así como el inmueble en que se encuentran ubicadas las mismas».

El vicegobernador del Banco de México, Guillermo Güemez, expresó que »ante lo comentado y lo contenido en el anexo 2, se desprende que en caso de que se procediera a demandar, seguramente se lograría obtener -en caso de ganar la demanda- lo mismo que se está proponiendo en estos momentos, sólo que tal vez un par de años después con el consecuente deterioro de los activos».

Con esa argumentación, se aprobó el rescate.

El Grupo Mexitlán se dedica a la explotación de un parque de diversiones que inició operaciones en agosto de 1991, en donde se exhiben réplicas a escala de los monumentos más sobresalientes de la arquitectura prehispánica, colonial y moderna de México. Dicha obra fue realizada por Pedro Ramírez Vázquez.

Grupo Mexitlán se integra por Impulsora Artesanal y Turística de Tijuana, Explotadora Fronteriza Artesanal y Corporación Mexitlán. Las dos primeras son las acreditadas y la última es aval en ambos casos.

Grupo Ponce García: Encabeza Fernando Ponce García, cabeza de la empresa Administración Peninsular Corporativa y miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

El Grupo Ponce García es un consorcio refresquero fundado en 1947 con la empresa Embotelladora Peninsular, cuyo principal objetivo es la fabricación y distribución de la marca CocaCola en el sureste mexicano.

El 31 de julio de 1996, la compañía reestructuró su deuda con los bancos en la UCABE.

Por ello, dicen los documentos del Fobaproa, »por el hecho de la reestructuración reciente y los beneficios de contar con nueva documentación, este grupo económico se había seleccionado para ser vendido dentro del Programa de Venta de Deuda Corporativa Reestructurada, teniendo un monto en Fobaproa de 642.8 millones de pesos. Con lo cual se le vino dando seguimiento administrativo, integrando la documentación apropiada».

El 30 de septiembre de 1997 »se llevó a cabo la emisión de la euronota de Grupo Ponce por un monto de 110 millones de dólares, cuyo agente fue Santander Investment. Con la emisión y el efectivo con que contaba la compañía (24.5 millones de pesos), se cubren todos los créditos del sector refrescos derivados de la reestructura».

El monto cubierto a los bancos ascendió a 835.88 millones de pesos, incluyendo créditos en Fobaproa, recibiendo Banamex esta cantidad en su calidad de banco agente y repartiéndola entre los bancos acreedores de la siguiente forma (cifras a mayo de 1997): Banamex, 296.47 millones; Serfin, 128.24; Bancomer, 90; Inverlat, 170.76; Atlántico, 74; Bital, 29.12, y Sureste, 47.33. Fobaproa apoyó 642.8 millones de pesos.

ƑCuánto valen los empresarios rescatados?

Carlos Fernández-Vega n La historia no es nueva: bancos pobres, banqueros ricos.

Los reportes oficiales revelan que Banamex, Bancomer, Bital y Serfin concentraron 50 por ciento de los beneficios del Fobaproa, es decir, alrededor de 420 mil millones de pesos de recursos públicos, o lo que es lo mismo, 11 por ciento del producto interno bruto.

Esa proporción, como bien diría el poco ágil lector Dionisio Pérez Jácome, ex vocero del gobierno federal y actual senador de la República, «ni la imaginación más catastrófica» la podría haber llegado a suponer.

Entre junio de 1991 y julio de 1992 se reprivatizaron las 18 sociedades nacionales de crédito, con lo cual el gobierno salinista captó alrededor de 12 mil millones de dólares. En el caso específico de Banamex, Bancomer, Serfin y Bital, la recaudación fue del orden de 8 mil millones de dólares, cantidad 5.25 veces menor que el monto de recursos públicos que les inyectó el Fobaproa. Negocio redondo.

Pero las cabezas visibles y los accionistas de esas cuatro instituciones rescatadas por el Fobaproa no sólo dedican sus capacidades y dineros a la actividad bancaria. Por el contrario, participan en una amplia gama de sectores económicos y en ellos no les va tan mal. ƑCuánto pueden valer los grupos comerciales, industriales y financieros de esos cuatro jerarcas (Roberto Hernández Ramírez, Eugenio Garza Lagüera, Adrián Sada González y Antonio del Valle Ruiz) y su grupo compacto de accionistas?

Prácticamente nada: alrededor de un billón de pesos (1.25 veces el saldo del Fobaproa), es decir, casi 100 mil millones de dólares. Ese sería el saldo en números aproximados, de acuerdo con reportes bursátiles.

Los empresarios citados, al igual que un número cada vez más reducido de barones del dinero, entretejen sus intereses e incrementan sus fortunas por medio de una amplísima y creciente gama de actividades económicas que abarca (sólo por citar algunas actividades) bancos, aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, casas de cambio, empresas de factoraje, inmobiliarias, comercio, producción de bebidas, transportación, alimentos, hotelería y empresas deportivas.

Pero así son ellos, y como muestra un botón. En plena campaña presidencial, luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el bolsista convertido en banquero Roberto Hernández Ramírez exhortó al electorado a votar en un solo sentido, dando cuenta de su profunda capacidad de análisis político: «Zedillo o el caos». Para regocijo de los mexicanos, la sentencia se cumplió en los dos casos.

Grupo Sidek (Simec y Situr): El consorcio tenía una deuda total cercana a los 2 mil 200 millones de dólares. Para el Fobaproa este adeudo representó «el riesgo de crédito más importante» en su política de rescate y salvamento. Con la banca nacional, los empréstitos sumaban cerca de mil 255 millones de dólares.

En la sesión 16 (30 de octubre de 1997), se informó al subcomité «del avance en las negociaciones de la restructura del Grupo Sidek, haciendo énfasis en que se está elaborando un plan de desinversión. Las ventas serán realizadas por la empresa, bajo la supervisión del Fobaproa a través de un Comité de Ventas controlado por el mismo fideicomiso».

La restructura propuesta consistió «en una liquidación ordenada de todos los activos de Sidek y subsidiarias. Los bancos recibirán CPOs de Sidek (serie A para deuda garantizada y B para quirografarios). Los CPOs A recibirán 0.76 centavos de cada peso de venta y los B 0.24 centavos. De esta forma (se está) dando flujo a todos los acreedores. Se estima que los acreedores A recuperen 100 por ciento y los quirografarios 31 por ciento».

El subcomité fue informado de que «de los bancos mexicanos no han firmado el memorándum de entendimiento Quadrum y Banorte. Nos encontramos en negociaciones con Banorte. Respecto al stand-still faltan firmar Quadrum y Banorte, así como Nacional Financiera y Banco Industrial de Jalisco», que llegaron a encabezar los hermanos Martínez Güitrón, propietarios de Sidek, Simec y Situr, entre otras cosas.

Por lo que toca a la banca extranjera, «West Merchant Bank pidió la quiebra de Situr y Sidestur. El abogado litigante de Sidek, Jaime Guerra, considera que no procede la demanda para la eminente restructura. Con respecto a Weston Group y Quinta Mac, se encuentran en negociaciones».

La restructura orquestada por el fondo se dio así: «Simec es uno de los activos más importantes de Sidek, cuya deuda no ha sido vendida a Fobaproa. Con el fin de incrementar el valor de recuperación, se está restructurando la deuda de Simec por un total de 256 millones de dólares, con plazos a diez años, periodos de gracia que van de 2 a 12 años y tasas de interés que fluctúan de 10.5 a 11 por ciento. Sidek, Fobaproa y el Comité de Bancos están elaborando un plan de desinversión (venta de activos). Las ventas serán realizadas por la compañía, bajo la supervisión del Fobaproa a través de un comité de ventas controlado por el fondo».

El consejo de administración de este consorcio fue encabezado por Jorge, José y Guillermo Martínez Güitrón (también accionistas en, cuando menos, Siderúrgica Guadalajara, Tubos de Acero, Banco Industrial de Jalisco -intervenido gerencialmente por el gobierno federal-, Super Diesel, Anglo, Fobursa, Progres, Casa de Bolsa Probursa, Grupo Mark, Astilleros Unidos de Ensenada, Procorp, Grupo Embotelladoras Unidas y Estral. Guillermo fue el presidente del consejo consultivo de Banco Internacional en Guadalajara. José, miembro del consejo de administración del Grupo Financiero Banamex-Accival que encabeza Roberto Hernández Ramírez. Y Jorge, consejero propietario de la serie B de Bancomer y miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios).

Con ellos participaban, entre otros, Juan I. Gallardo Thurlow (empresario refresquero, presidente del consejo de administración del Grupo Embotelladoras Unidas; la Inmobiliaria GEUSA, la empresa de compra-venta de acciones de sociedades CONINVER, de la inmobiliaria GEU-GAM, del Grupo Azucarero Mexicano -6 ingenios en Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Tabasco y Veracruz- y la Controladora de Negocios Azucareros; fue el representante del sector privado mexicano en las negociaciones del TLC; accionista en Nadro -casas comerciales-, Grupo Industrial Minera México, Seguros Olmeca, Casa de Bolsa Operadora) y Eduardo Legorreta Chauvet (accionista del Grupo Embotelladoras Unidas que preside Gallardo Thurlow; ex presidente de la casa de bolsa Operadora de Bolsa; preso por fraude bursátil en febrero de 1989 e inhabilitado 10 años por las autoridades financieras y judiciales para operar en el mercado bursátil -la inhabilitación vencería en 1999-; accionista mayoritario de Videovisa).

Además, participaban Enrique Robinson Bours Almada (Grupo Bachoco), Saturnino Suárez Fernández (accionista de Serfin, involucrado con los Gutiérrez Cortina en el rescate de los créditos del World Trade Center; ex accionista del Banco del Atlántico antes de la expropiación) y Sandra López Benavides (accionista de Bancomer, que fue el banco que encabezó el rescate de Calzado Canadá, empresa de López Benavides).

Grupo Cintra: Controladora de empresas aéreas, entre las que destacan Aeroméxico y Mexicana de Aviación, reprivatizadas en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, respectivamente. Originalmente fueron vendidas a un grupo de empresarios, entre los que sobresalían los hermanos Pablo e Israel Brener Brener, del Grupo Xabre. Pablo fue miembro de la comisión de financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

El grupo Cintra fue dirigido por Gerardo de Prevoisin Legorreta, quien huyó del país luego de un fraude al corporativo. Desde su exilio, reconoció haber entregado 8 millones de dólares de la empresa a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo.

Entre sus accionistas se encuentra Eugenio Clariond Reyes Retana (presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios entre junio de 1997 e igual mes de 1999, accionista del Grupo Financiero Serfin y cabeza del Grupo IMSA, y adelantado promotor del pase de charola en favor de Francisco Labastida Ochoa en 1999) y Carlos Gómez y Gómez (presidente de la Asociación de Banqueros de México y accionista del Banco Santander Mexicano).

El consejo de administración, en 1997, lo presidía Ernesto Martens Rebolledo, y participaban, entre otros, Enrique Hernández Pons (Grupo Herdez), Adolfo Lagos Espinosa (director general de Serfin), José Serrano Segovia (Transportación Marítima Mexicana) y María Eugenia Sidaoui Dib (consejera suplente).

En la sesión número 12 (26 de agosto de 1997), se abordó el asunto de la empresa Cintra: «Alberto Mulás (director de activos corporativos del subcomité) explicó la situación de la venta pública de acciones de Cintra; se pretende que el Fobaproa aporte un 6 por ciento de capital accionario del cual es propietario, para que la oferta pública de acciones alcance 24 por ciento (240 millones de acciones)».

Por su parte, el director general del fondo, Javier Arrigunaga, explicó que «en caso de que el fondo aceptara dicha propuesta perdería la posibilidad de tener una prima de control, al vender en el futuro el capital restante perteneciente al Fobaproa. Se sugirió que el 6 por ciento que se pretende adicionar a la tenencia accionaria de Nacional Financiera y al gobierno federal se aporte a prorrata de la tenencia de todos los accionistas en forma proporcional a su tenencia en el fideicomiso, de tal forma que Fobaproa siga manteniendo la mayoría de las acciones».

Al cierre de junio de 1999, el Fobaproa y el gobierno federal no habían resuelto el caso Cintra. Lejos de concretar la venta del paquete accionario y el problema, ahora son poseedores de 55 por ciento de los títulos del corporativo, con lo que, de facto, Aeroméxico y Mexicana de Aviación regresan al antineoliberal y vilipendiado rebaño sagrado de la propiedad federal.

Grupo Hernández Alvarez/Corfuerte: En la sesión número 13 (10 de septiembre de 1997), «se mencionó que se firmó la operación como se había autorizado en el Comité Central de Crédito (antecesor del Subcomité de Recuperación) con la empresa Agrobios, subsidiaria al 100 por ciento de Grupo Desc».

En este último corporativo participan, entre otros, Fernando Senderos Mestre, Alejandro Burillo Azcárraga (Televisa), Carlos Gómez y Gómez (presidente de la Asociación de Banqueros de México y cabeza del banco Santander Mexicano), Alberto Bailleres (Industrias Peñoles) y Jorge y José Luis Ballesteros Franco (remember Grupo Mexicano de Desarrollo, rescate de carreteras y salvamento de créditos personales).

La empresa involucrada es Alimentos del Fuerte, y los bancos, Inverlat, Bancen y Bancrecer. El monto a rescatar se aproximó a 21 millones de dólares. El nivel promedio de recuperación para los bancos se estimó en 57.6 por ciento. El caso se presentó al Comité Central del Fobaproa el 3 de febrero de 1997.

En la sesión respectiva, se subrayó que «con base en la evaluación realizada por la empresa Mckinsey and Company, quien concluye que no hay escenario previsible en el cual Corfuerte pueda alcanzar su punto de equilibrio sin una capitalización y restructura de sus pasivos, en adición al hecho de que Inverlat y Bancen, que representan 80 por ciento de la deuda, no tienen garantía adicional alguna, el comité autorizó restructura, capitalización y posterior venta de las acciones de la compañía a Hicks, Muse, Tate and Furst Incorporated (Hicks and Muse).

En función de dicha autorización, «Inverlat inició el proceso de formalización de los acuerdos. Sin embargo, Hicks and Muse se desistió de su oferta, viéndose Inverlat y la empresa en la necesidad de buscar un nuevo comprador».

«El 15 de julio de 1995, Inverlat recibió la propuesta de Agrobios, que no modifica el efecto monetario y el porcentaje de recuperación autorizado inicialmente por el Comité Central, consistente en:

«1. Los bancos realizan la capitalización de sus pasivos por 110 millones de dólares, con lo que recibirán 73.26 por ciento de las acciones de Corfuerte.

«2. Agrobios aporta 10.2 millones de dólares a través de un aumento de capital en Corfuerte, para que ésta adquiera las acciones propiedad de los agricultores de Alimentos del Fuerte que se encuentran afectadas en un contrato de fideicomiso. Estos recursos inicialmente los aportaba Inverlat.

«3. Agrobios adquiere de los bancos las acciones que representan 73.26 por ciento del capital social de Corfuerte, proveniente de la capitalización señalada en el inciso anterior, mediante un pago en efectivo de 55.9 millones de dólares.

«4. Inverlat restructura una deuda servible en Alimentos del Fuerte por 21 millones de dólares, a un plazo de siete años con tres de gracia, y una tasa de interés libor más tres puntos.

«La recuperación global es la siguiente: deuda remanente, 21 millones de dólares; pago efectivo, 55.9 millones; recuperación, 76.9 millones; factor de recuperación deuda, 0.5571; garantizada, 0; tipo de cambio, 7.85 pesos por dólar».

Inverlat y Bancen concedieron los créditos al Grupo Corfuerte sin garantía alguna que sustentara el pago. El otro banco involucrado en la operación, Bancrecer -hoy en quiebra-, aceptó garantías equivalentes a 50 por ciento del empréstito concedido. En promedio, la recuperación fue de 57.6 por ciento.

La adulteración como práctica de Estado

Carlos Fernández-Vega n Once días atrás, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció, públicamente, que circulaban documentos oficiales -relativos al Fobaproa- «presumiblemente adulterados».

Después de una acuciosa investigación, se localizó al responsable de este acto vandálico.

Su nombre, Marco Provencio. Su cargo, vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Documento adulterado: Informe de Michael W. Mackey en la evaluación integral de las operaciones y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, y la calidad de supervisión de los programas del Fobaproa de 1995 a 1998, entregado a la Cámara de Diputados el 23 de julio de 1999, en su versión castellana.

El 25 de julio pasado, Provencio difundió un comunicado (algunas puntualizaciones), en el que afirmó que el auditor Mackey dijo que «…las recomendaciones de dicho subcomité (el de Recuperación del Fobaproa)… fueron bien diseñadas y aceptadas por el Comité Central de Crédito».

La acuciosa investigación determinó que, en realidad, el auditor Mackey fue un poco más preciso sobre el particular, al señalar: «En apariencia, las recomendaciones relativas a la restructuración de créditos, propuestas por el subcomité, fueron adecuadamente reflexionadas por el Comité Central de Crédito para su aceptación. Las sugerencias relativas a las auditorías de la capacidad y estructura administrativa de los bancos, problemas de recursos y de las deficiencias en sus sistemas de información no se acataron, ya que no hubo un seguimiento de forma oportuna. Hasta la actualidad no existe una estrategia de venta de activos definida».

Sin embargo, la anterior no sería la única adulteración hecha por los tecnoburócratas del Olimpo hacendario. De hecho, una de las más escandalosas ha sido el uso de recursos públicos para fines privados, como en el caso del Fobaproa, o el aceptar que la banca particular posponga el pago de impuestos causados y no enterados al erario público (cerca de 40 mil millones de pesos), para maquillar sus niveles de capitalización y dar la impresión de solidez.

Si de ejercitar la memoria sobre adulteraciones y/o maquillajes se trata, en los últimos años se han presentado casos significativos -a escoger, o en paquete-, que van desde la renovación moral, pasando por la modernización, hasta el bienestar de la familia.

Por ejemplo, casi por concluir el sexenio salinista el entonces subsecretario de Hacienda y cerebro del Comité de Desincorporación Bancaria, Guillermo Ortiz, difundía a los cuatro vientos que la dependencia a su cargo era «rigurosa» en la selección de participantes en las subastas por las sociedades nacionales de crédito, y anotaba que los requisitos «llegaban a ser exhaustivos». Ello era razonable, expresaba, «pues lo que estaba en venta no era simplemente un negocio aislado, que no tuviera consecuencias laterales en cuanto a su devenir. Se trataba de instituciones que son portadoras de la confianza del público ahorrador, de ahí la etimología del término crédito. Por ello también que uno de los principales fundamentos del proceso (de venta) fue el de vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos con un adecuado nivel de capitalización». Probablemente este, también, sea un texto adulterado.

A su vez, el futuro empresario Pedro Aspe, en ese 1990 era secretario de Hacienda, trataba de convencer que «la reforma del Estado emprendida por la administración de Carlos Salinas de Gortari tiene como propósito fundamental que el Estado sea más eficiente, menos propietario, pero al mismo tiempo, más capaz de satisfacer las demandas de la población, primordialmente, las de los niveles sociales de menores recursos. Esta política de financiamiento del desarrollo se orienta, principalmente, a incrementar la generación y captación del ahorro interno, tanto público como privado, ya que sólo así se tendrán los recursos suficientes para ser canalizados hacia la inversión productiva».

Por ello, señalaba Aspe, «se volvió imprescindible e inaplazable la modernización del sistema financiero mexicano, en virtud del papel central que dicho sector juega en la movilización de los recursos y su consecuente canalización eficiente y oportuna hacia las áreas consideradas como prioritarias para el desarrollo nacional. Al permitirse la participación de los particulares en la propiedad y manejo de la banca, se propicia un mayor flujo de recursos hacia la capitalización del sector, al tiempo que los recursos que el Estado tenía comprometidos en las instituciones bancarias se liberaron, haciendo posible atender -en mayor medida- las demandas más urgentes de quienes menos tienen, subsanar sus carencias y elevar sus niveles de bienestar».

Para no ir más lejos, otro documento adulterado sería el presentado por Aspe (Ixtapa, Convención Bancaria, agosto de 1990), mediante el cual hizo públicas las ocho condiciones para adquirir bancos, anuncio que fue conocido como los ocho mandamientos de la reprivatización.

«1. Conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo.

«2. Garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con objeto de alentar la inversión en el sector e impedir fenómenos indeseables de concentración.

«3. Vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos, con un adecuado nivel de capitalización.

«4. Asegurar que la banca mexicana sea controlada por los mexicanos.

«5. Buscar la descentralización y el arraigo regional de las instituciones.

«6. Buscar obtener un precio justo por las instituciones, de acuerdo con una valuación basada en criterios generales, homogéneos y objetivos para todos los bancos.

«7. Lograr la conformación de un sistema financiero balanceado.

«8. Propiciar las sanas prácticas financieras y bancarias.

En los hechos, Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe y Guillermo Ortiz Martínez lograron exactamente lo contrario, es decir, un sistema financiero altamente deficiente, burocratizado y dependiente de los recursos públicos, con una aptitud y calidad moral bastante cuestionable.

Por otra parte y trascendiendo el salinato, nunca como ahora el sistema bancario mexicano había estado involucrado en tantas denuncias, demandas y actos ilegales (en el país y el extranjero) como en este tiempo de la modernización y el bienestar para la familia, a menos de que estas aseveraciones se basen en hechos «presuntamente adulterados».

Grupo Olimex: A la cabeza aparece Carlos Olimón Meraz, accionista de la Casa de Bolsa Interacciones, el Banco Interacciones y la Arrendadora Credimex, todas de la familia Hank. El consorcio se estructura con 6 agencias de automóviles Volkswagen, 2 de Chrysler y una de General Motors, todas ellas en la ciudad de México.

Este grupo aparece ligado a la familia Hank, que participaba decididamente en las industrias automotriz y de autopartes, a través de la empresa Sociedad Industrial Hermes y Mercedes Benz México, que presidía Carlos Hank González, hijo del primogénito de El Profesor).

Los bancos involucrados son Interacciones (de Carlos Hank Rhon y en el que Olimón Meraz es accionista), con 22.47 por ciento de los créditos concedidos, Bancomer, Bital, Santander Mexicano, Banpaís, Bilbao Vizcaya, Inverlat, Serfin, Confía y Cremi, en una operación crediticia por 222.5 millones de pesos, que con la aplicación de intereses moratorios elevó el adeudo hasta 350 millones de pesos. De este total, 271.04 millones fueron negociados con el Fobaproa.

Grupo Aga: encabezado por Abelardo Garciarce Ramírez, integrante del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, propietario de una de las cadenas refresqueras más grandes del país y de varios ingenios azucareros (entre ellos Puga -Nayarit-, que produce más de 100 mil toneladas de azúcar estándar, y Los Mochis -Sinaloa-, con 62 mil toneladas de azúcar refinado.

Garciarce Ramírez fue accionista y miembro del consejo de administración del Grupo Financiero Serfin, una de las principales instituciones financieras beneficiarias de los fondos públicos del Fobaproa, hoy quebrada y bajo la administración del IPAB. El monto involucrado en esta operación ascendió a 633.26 millones de pesos.

Grupo Protexa: Los accionistas mayoritarios son Humberto y Xavier Lobo Morales, también accionistas de la Casa de Bolsa Arka y de Arrendadora Arka, también rescatada por el Fobaproa, en el caso de Alejandro Morales Mega y la empresa Aeroejecutivo (Aeroexo).

Humberto Lobo Morales aparece tres veces en la relación de siete créditos vencidos al 31 de agosto de 1996, asociado en la operación de Arrendadora Financiera Arka y Holding Fiasa, esta última de Angel I. Rodríguez, El Divino. El primer crédito es de 80 millones 400 mil pesos; el segundo de 55 millones 400 mil pesos y el tercero de 54 millones 400 mil pesos.

Encajes Mexicanos: El accionista mayoritario es Jacobo Zaidenweber, ex presidente del Multibanco Mercantil de México (antes de la expropiación de 1982) y de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin). También es consejero propietario de la serie B en el consejo de administración de Banorte.

La operación de salvamento, aprobada por el subcomité, implicó que Nacional Financiera le inyectara dinero fresco por un total de 7.5 millones de dólares, administrando 24 por ciento del capital.

Los bancos involucrados fueron Promex, Bancomer, Bancrecer, Banorte, Banpaís, Bilbao Vizcaya y Serfin. Los descuentos obtenidos fluctuaron entre 30 y 40 por ciento.

Hoteles Aristos: Los accionistas de esta cadena hotelera son los hermanos José Felipe y Julián Abed Rouanet, y los bancos involucrados Banco del Centro (Bancen) y Bancomext, por un total de 219.63 millones de pesos.

Grupo Astiazarán Aguilar: Dedicado a la hotelería, la construcción y la agricultura. Bancos involucrados: Banamex, Bital, Bancomer, Cremi, Unión, Santander Mexicano, Serfin, Inverlat, Banorie, Banoro, Interestatal, Atlántico y Banrural, por un monto de 51.6 millones de dólares. El 51 por ciento del adeudo es cartera Fobaproa y el resto cartera bancaria.

Grupo Porcícola Loret de Mola Chumoxil: El principal accionista es Francisco José Loret de Mola Díaz. El asunto se trató en la sesión número 8 (15 de julio de 1997). Esta operación registró un monto de 315.68 millones de pesos, de los que Fobaproa adquirió 94.1 por ciento, con la participación directa del FIRA, fideicomiso del Banco de México. Los bancos involucrados fueron Banamex, Serfin, Atlántico, Confía, Bital, Sureste y Santander Mexicano.

Grupo Rangel de Alba: Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel es el presidente del consejo de administración de Ixe Grupo Financiero y -1995- miembro propietario del consejo de administración de Bancomer en su serie A. Existen más intereses familiares, con la participación, también en el consejo, de Juan Andrés Rangel de Alba Brunel y las hermanas Natalia y Mariana Rangel de Alba Plascencia. Jorge es accionista de la Casa de Bolsa Fimsa.

Accel: Empresa controladora (holding), cuyo consejo de administración lo encabeza Eloy S. Vallina, miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

Entre los miembros del consejo de administración (1997) se contaba a Miguel Alemán Velasco, Jesús Alvarez Morodo, David Garza Lagüera, Rodrigo Sánchez Mejorada, Rafael Vallina Fernández y José Antonio Vallina L.

En la sesión número 12 (26 de agosto de 1997), el subcomité informó que el 25 de agosto del mismo año se recibieron las propuestas de compra de las notas de Accel. El precio de venta fijado por Valuación y Venta de Activos fue de 23.9 millones de dólares. Banco del Atlántico ganó la subasta, por ofrecer 96 por ciento del precio.

Emyco: Los accionistas son los hermanos Felipe Pablo y Luis Gerardo Martínez Treviño, al 50 por ciento cada uno.

Originalmente se había presentado una propuesta de recuperación de los créditos del 38 por ciento en pago en especie. Después se presentó la alternativa de una recuperación en efectivo del 58 por ciento.

El asunto se presentó en la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997), en la que Guillermo Güémez, vicegobernador del Banco de México, comentó que «en realidad el pago de 212 millones de pesos que estarían efectuando los accionistas de la empresa corresponde al valor de la misma en una valuación por flujos, por lo que no sería factible recuperar más de ese monto».

Con este último bloque de fichas de las empresas relacionadas en las actas del Subcomité de Recuperación, concluye la serie que La Jornada intituló Expediente Fobaproa.

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