Se ha contenido la tendencia y frenado la creciente violencia, especialmente, contrario a lo que mediáticamente se dice, en homicidios dolosos; y no se ha permitido la tendencia ascendente que históricamente tuvo en el país.
Por Carlos Germán Palafox Moyers
Cuando se analiza el fenómeno de la violencia en cualquier país del mundo, la evaluación puede ser cuantitativa y cualitativa. Sin duda las dos dimensiones son importantes, pero hay sectores que le dan mayor importancia a los datos y dejan de ver las causas; por otro lado, hay quienes buscan identificar las causas para el diseño de políticas de seguridad de mediano y largo plazo.
Existen dos grandes modelos que se diseñan a nivel mundial. Por un lado está el modelo clásico de seguridad pública donde el Estado es responsable y el único elemento en la construcción de políticas públicas y donde la fuerza de poder es el centro de las políticas. Por otra parte se encuentra el modelo de seguridad ciudadana y de Derechos Humanos, donde la sociedad civil es el eje central en la elaboración, diseño y evaluación de las políticas públicas.
El primer modelo lo representaron los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, los cuales se centraron en la “guerra” contra el narcotráfico, como diría el Informe de las Naciones Unidas: en una “obsesión enfermiza” y sin poner atención sobre las razones estructurales de la violencia y la inseguridad en México. Mucho menos se planteó la construcción de un sistema de seguridad en una sociedad compleja como la nuestra.
El segundo modelo de seguridad es el que está implementando el gobierno de López Obrador, el cual se centra en las causas y las razones estructurales del fenómeno de las violencias.
La construcción y las bases de este modelo social de seguridad fueron elaboradas por el Dr. Alfonso Durazo Montaño, una tarea nada fácil de lograr porque el tránsito está afectando y seguirá afectando los intereses de grupos políticos y del crimen organizado.
La mayoría de los ciudadanos del país ha coincidido, desde hace algunos años o quizá décadas, en que la inseguridad y la violencia son problemas muy serios en los que está sumido el país. Puede parecer obvio y no faltan razones para argumentar que así sea; por ejemplo, la principal causa de muerte para los hombres mexicanos entre los 25 y 44 años de edad es el homicidio doloso. La violencia ha ganado terreno en la percepción ciudadana, en los medios de comunicación, en el discurso oficial y se agrega un nuevo componente: como instrumento político.
Hoy el secretario Durazo ha contenido la tendencia y frenado la creciente violencia, especialmente, contrario a lo que mediáticamente se dice, en homicidios dolosos; y no se ha permitido la tendencia ascendente que históricamente tuvo en el país.
Para comprender el fenómeno
Para comprender este fenómeno en el actual contexto mexicano es fundamental estudiar el funcionamiento de la esfera pública, el proceso mediante el cual la violencia se ha constituido, en la agenda nacional y ante los ciudadanos, como nuestro problema más acuciante.
Por ello es importante resaltar que las violencias son un fenómeno multifactorial y multicausal que se desarrolla en ámbitos públicos y privados, que considera distintos tipos y modalidades, así como variables relacionadas, motivos, agentes involucrados (individuos que la padecen y los que la provocan) y relaciones entre los mismos.
Esto nos lleva a revisar y analizar los factores precursores de las violencias, que se pueden definir como aquellos procesos que se han gestado a través del tiempo en los ámbitos económico, social, cultural y político en un determinado territorio o sociedad, y que debido a la ausencia de medidas de prevención van creando condiciones y ambientes propicios para la violencia social y criminal. Podemos afirmar que la violencia es un constructo de la sociedad que se da bajo un contexto social, económico, cultural y político, esto nos lleva a plantear que la violencia no desaparecerá en el corto plazo.
Existen diversos enfoques sobre factores de riesgo asociados a la violencia, sin embargo, sólo haremos referencia a uno solo:
1) Factores relacionados con la posición y situación familiar y social de las personas: sexo, edad, educación, socialización en la violencia, consumo de alcohol y drogas.
2) Factores sociales, económicos y culturales: desempleo, pobreza, hacinamiento, desigualdad social, violencia en los medios de comunicación, cultura de la violencia.
3) Factores contextuales e institucionales: tráfico de drogas, corrupción, impunidad, disponibilidad de armas de fuego.
A partir de la implementación del modelo neoliberal (economía de mercado) en México, se profundizó la desigualdad en todas las formas (acceso a la información, a la salud, al empleo y en los niveles de ingreso y riqueza); consecuentemente, se generó erosión en la cohesión social, la polarización política y el estancamiento económico que hoy padecemos.
La desigualdad en la distribución del ingreso era una de las características de la economía mexicana. De acuerdo con el Inegi 2016, el 30% de la población con menores ingresos concentra tan sólo el 9% del total de ingresos generados; en cambio el 30% de la población con mayores ingresos captan el 63% del total de ingresos del país. Además, se fortaleció la impunidad, con especial énfasis en la impartición de justicia, la corrupción llegó a niveles históricos y con ello se fortaleció el narco estado.
En lo relativo a los factores de riesgo, se trata de las estructuras o condiciones existentes en un momento histórico, en un territorio y en una sociedad, resultantes de procesos históricos (factores precursores) que convierten a ese contexto en campo fértil para el surgimiento de la violencia.
Más graves aún son los factores detonadores de las violencias y los podemos identificar como los acontecimientos que se dan en un determinado momento y que desatan procesos precursores de la violencia.
Este enfoque también hace alusión a los factores de contención que, en cada sociedad particular, actúan para limitar o detener procesos de violencia o bien para aliviar sus consecuencias. Entre los elementos más importantes de contención se encuentran las políticas y programas institucionales que mitigan o canalizan positivamente los conflictos violentos.
El aumento de la violencia y la criminalidad en los estados y municipios debe ser analizado en el marco de factores económicos, sociales, demográficos y culturales clave en la historia de estas regiones, además de factores contemporáneos como la crisis global y nacional de confinamiento que han causado impactos en los procesos de pobreza, desigualdad y exclusión social.
Al modelo diseñado e implementado por Durazo Montaño no se puede culpar de desbordamientos en el uso de la fuerza pública, como en años anteriores. Además, con la información obtenida hasta el momento, tampoco se conoce de pactos o protección a determinados jefes o cárteles del crimen organizado, que era el pan de cada día en los últimos siete gobiernos federales. Y como se señaló párrafos arriba, debe tomarse en cuenta el contexto de la herencia de horror, violencia, inseguridad y el cementerio más grande del mundo que dejaron Felipe Calderón y Enrique Peña.
Los mexicanos nos cansamos de una guerra contra el crimen organizado que afectó a miles de mexicanos y ya es hora de fortalecer un modelo centrado en la sociedad, como el implementado por Durazo Montaño.
- Docente-Investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y Presidente del Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora. Correo institucional german.palafox@unison.mx.