Hermosillo, Son., diciembre 6 de 2022.- La prohibición a todo tipo de esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género (ECOSIG) quedó establecida en las legislaciones tanto penal como de salud del Estado de Sonora, al ser consideradas prácticas que han originado la violación de los derechos de personas integrantes de la comunidad LGBTTTI, aprobó por mayoría el Congreso del Estado.
En el desarrollo de la sesión, la Presidencia turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una iniciativa presentada por el grupo parlamentario de MORENA, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código de Familia y a la Ley del Registro Civil, ambos para el Estado de Sonora, con el objeto de que cualquier persona que quiera disolver su matrimonio, pueda realizarlo ante una Oficialía del Registro Civil, dependencia ante la cual realizó precisamente el trámite de matrimonio.
La diputada Azalia Guevara Espinoza expuso ante el Pleno que, el divorcio que se propone introducir en la Ley es un divorcio administrativo, el cual será procedente solo cuando no tengan hijas o hijos menores de 18 años de edad o, teniéndolos, no estén sujetos a tutela, y que el matrimonio se hubiere celebrado bajo el régimen de separación de bienes o, en el caso de que se hubiese establecido la sociedad conyugal, no existan bienes qué dividir provenientes de la misma o se hubiere liquidado dicha sociedad ante autoridad judicial o Notario Público.
La Comisión de Hacienda estudiará por su parte una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de presupuesto y gasto público estatal, mediante el cual se establecen criterios y parámetros para la evaluación de los programas sociales, presentada por las y los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ernesto De Lucas Hopkins indicó que proponen que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado que se presenta al Congreso local, se cuente con un apartado con información específica de cada uno de los programas sociales, lo cual permitirá al Poder Legislativo realizar un ejercicio puro
de verificación de la ejecución del gasto, ya que de manera trimestral se contaría con información que permita verificar la eficacia en la implementación de dichos programas.
En el orden del día siguió la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al Artículo 329 del Código Penal del Estado de Sonora, presentada por la diputada María Jesús Castro Urquijo, integrante del grupo parlamentario de MORENA, a efecto de establecer la imposibilidad de considerar como excluyente de responsabilidad, cualquier tipo de encubrimiento relacionado con el delito de feminicidio.
Planteó aplicar como encubrimiento cuando se presenten los supuestos de feminicidio por razones de género, contemplados en el Artículo 263 BIS 1 del Código Penal de Sonora, siempre y cuando se trate del delito de feminicidio, de tal forma que resulta de necesidad imperiosa contar con cuerpos normativos eficientes, que no permitan ningún resquicio de impunidad.
“Dadas las circunstancias de alta violencia que vivimos en la actualidad no podemos ni debemos permitirnos el que familiares, amigos o parejas sentimentales aprovechen esos lazos con un presunto delincuente y entorpezcan las investigaciones de un delito que lastima tanto a la sociedad, como lo es el feminicidio, propugnando siempre la vida y dignidad de las mujeres”, aseveró la legisladora, cuya iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima este jueves 8 de diciembre, a las 10:00 horas, el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó un posicionamiento en relación con el aumento al salario mínimo acordado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Afirmó que el monto independiente por recuperación es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos y es una cantidad absoluta en pesos, que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes, como los contractuales, federales, estatales ni municipales, siendo dicho monto una de las políticas salariales más exitosas aplicadas por el Gobierno Federal.
“Sin duda estamos de acuerdo con el Presidente de la República cuando señala que el aumento a los salarios mínimos y la estrategia de recuperación del poder adquisitivo, se ha convertido en un hecho histórico, esto debido a que en 40 años no aumentaba el salario mínimo en esta proporción.
“Dicho logro es el reflejo de un adecuado consenso entre los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, demostrando además que el tripartismo y el diálogo social son elementos necesarios para construir acuerdos en beneficio de las y los trabajadores de nuestro país”, puntualizó.
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