Hermosillo, Sonora; 3 de diciembre de 2024.- El Congreso del Estado de Sonora aprobó la ley que establece el lema oficial para toda la correspondencia del estado en 2025 y turnó a comisiones diversas iniciativas relacionadas con la dignificación de personas en situación de calle, reformas sobre el testamento público simplificado y un posicionamiento con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El diputado Omar Francisco Del Valle Colosio (PVEM) dio lectura a la iniciativa de ley presentada por los integrantes de la Mesa Directiva y la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP). La iniciativa establece que, durante 2025, toda correspondencia oficial de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, así como de los ayuntamientos y organismos constitucionalmente autónomos, deberá incluir el lema: “2025: Año de la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.
La diputada Alejandra López Noriega y el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño (Morena) presentaron una iniciativa de Ley para la Atención y Protección de Personas en Situación de Calle y una reforma a la Ley de Asistencia Social, con el objetivo de dignificar la vida de esta población y establecer nuevos esquemas de prevención, sensibilización y atención social.
El diputado Norberto Barraza Almazán (PES) propuso reformar el Código Civil de Sonora para armonizarlo con la legislación federal en materia de testamento público simplificado, con el fin de facilitar la regularización de propiedades y fomentar la solicitud gratuita de testamentos simplificados en notarías, evitando problemas legales.
Por su parte, la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) presentó un posicionamiento con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el que destacó la importancia de promover los derechos, el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
Las iniciativas presentadas fueron turnadas a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio, análisis y, en su caso, dictaminación.