Con el propósito de fortalecer la ley en materia de procuración e impartición de justicia, los diputados aprobamos reformas en materia de penalización del secuestro, entre las que destacan: cadena perpetua, el perseguir de oficio este delito como el sustituir el concepto de “secuestro express” para aplicar penas más severas.
Así lo explicó el diputado Jesús Alberto Cano Vélez quien precisó que en lo referente a la aplicación de cárcel vitalicia, ésta se aplicará a quienes hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual hacia sus víctimas; cuando el rehén fallezca durante o después de su cautiverio tras alterar su salud -derivado de su aprehensión- y en caso de morir por falta de atención médica durante su cautiverio y requiera por padecer alguna enfermedad.
De igual forma, agregó que las reformas elevan a 50 años de cárcel a quién prive de su libertad a menores de 18 años o mayores de sesenta; a quienes por diferentes causas no comprenda las razones por las que está privado de su libertad como para quienes decidan retener contra su voluntad a mujeres embarazadas.
Asimismo, se harán acreedores a esta misma pena a secuestradores que hayan pertenecido a alguna institución de seguridad, de procuración, impartición o administración de justicia, de readaptación social como de las fuerzas armadas.
“El objetivo de incrementar las penas responde a la gravedad de esta clase de delito, ya que este fenómeno es una clara muestra de cómo ha evolucionado la delincuencia organizada” sentenció el legislador.
En lo referente a la liberación de víctimas, las reformas contemplan penas oscilan de los 4 a 20 años de prisión a quién por iniciativa deje en libertad a su víctima entre los 4 a 10 días posterior a su captura, asimismo se castigaría con entre 9 a 20 años a quien haya estado involucrado en el hecho delictivo y haya dado parte a las autoridades, siempre y cuando la víctima sea liberado con vida.
Por otro lado, Cano Vélez subrayó que entre otras modificaciones, se encuentra la integración de un fondo para atender a las víctimas de estos delitos, el cual estará administrado por la Procuraduría General de la República (PGR) e integrado por recursos previstos expresamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación como por los obtenidos por la enajenación de bienes decomisados por esta clase de delitos además de por las fianzas que efectúen los procesados.
Y en este sentido, el priista destacó que en las reformas aprobadas, se incluyó que en la administración de este fondo para víctimas, la PGR esté obligada a hacerlo bajo criterios de transparencia, oportunidad, eficacia y racionalidad y para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación estará autorizada a fiscalizarla anualmente.